EFE
Foto: Cortesía @congresoperu
Lima.- El Congreso de Perú aprobó una moción parlamentaria en rechazo a “los constantes actos de intromisión en los asuntos internos” del país andino por parte de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro.
La moción fue aprobada con 61 votos a favor, de entre 130 parlamentarios con los que cuenta el Congreso peruano y se produce días después de que ambos mandatarios, junto a los de Bolivia, Luis Arce, y Argentina, Alberto Fernández aseguraran que el exmandatario Pedro Castillo es “objeto de un tratamiento judicial (…) violatorio” y pidieran que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.
La moción plantea “expresar el rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos que son de la jurisdicción interna del perú por parte” de López Obrador y Petro “en perjuicio de la República del Perú”.
También consideran que sus declaraciones constituyen “una violación al derecho internacional en perjuicio” de Perú y exhortan al Ministerio de Relaciones Exteriores “a que eleve la presente moción” al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, que fue expulsado del país por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
También pidieron que la Cancillería lleve la moción aprobada al embajador de Colombia en Perú, Eufracio Morales.
El pasado 15 de diciembre, el Gobierno peruano llamó a consultas a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, por lo que considera una injerencia en sus asuntos internos por dichos países, al cuestionar la sucesión presidencial en Perú.
El primer ministro peruano, Alberto Otárola, pidió seis días después a López Obrador que “pare de referirse a Perú”, horas después de que el mandatario dijera que el Ejecutivo del país andino es “muy cuestionado” por “optar por la represión”.
“Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú, porque hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el Gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos de Perú”, dijo Otárola en una rueda de prensa.
López Obrador había dicho en su conferencia de prensa diaria que el Ejecutivo peruano es “muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política”.
El mandatario mexicano consideró que, esta inestabilidad, afecta “fundamentalmente al hermano pueblo de Perú”.
“Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político del Perú que son los que han mantenido esta crisis en ese país por sus ambiciones personales, sus intereses económicos”, subrayó.
El Gobierno mexicano ha dado asilo a la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo, así como al exmandatario, quien se encuentra preso en Lima tras su fallido autogolpe de Estado.
Con 61 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó la Moción 5022, que propone expresar su rechazo a los constantes actos de intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, entre otros.| pic.twitter.com/dwHA1UquoI
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 28, 2022
Estoy en prisión por venganza política: Castillo
El exmandatario peruano Pedro Castillo dijo este miércoles que su prisión preventiva es injusta, “una venganza política“, y pidió su libertad durante la audiencia de apelación que solicitó su defensa contra la resolución judicial que ordenó 18 meses de arresto por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.
“Pido que se reflexione y se vea como esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política“, dijo Castillo desde prisión al intervenir remotamente en la audiencia.
El exmandatario permanece arrestado desde el 7 de abril, cuando fue detenido tras anunciar en un discurso la disolución del Congreso, gobernar por decreto, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente, lo que ha sido interpretado mayoritariamente como un fallido intento de golpe de Estado.
El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó el pasado 15 de diciembre la prisión preventiva contra Castillo tras señalar que había encontrado “fundados elementos de convicción” de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Este miércoles, el expresidente afirmó que “jamás” ha cometido un delito de rebelión, que no se ha levantado en armas y que tampoco ha llamado a levantarse en armas a nadie.
“Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual Gobierno”, señaló respecto a las 28 víctimas que han fallecido en protestas ocurridas en el país las últimas semanas.
En dichas protestas, que comenzaron tímidamente el mismo 7 de diciembre y se extendieron a distintos puntos del país el 11, los manifestantes tienen distintas reclamación que incluyen su liberación, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.
“Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi Gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia (destitución) y otras artimañas”, consideró.
Castillo pidió que cese el odio y solicitó su libertad porque es “un justo derecho”.
También dijo que hasta la fecha está incomunicado y que no ha tenido acceso telefónico para llamar a su familia y solicitó que se le da la oportunidad de poder hablar con sus padres y familia.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú revisa este miércoles el recurso de apelación que presentó Castillo contra la resolución judicial que ordenó 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra.
En la audiencia, la defensa del expresidente, Wilfredo Robles, expuso que los argumentos de la Fiscalía son “desproporcionados” y que muestran faltas de concreción y defendió que este abandone la prisión y siga las investigaciones en su contra con una medida de comparecencia con restricciones.
