La doctrina de seguridad impulsada durante el sexenio de López Obrador llegó a su punto final. Este giro es tanto institucional como legislativo.
Y es que esta semana, el Congreso mexicano recibió una propuesta para permitir armas de mayor calibre a policías estatales, algo impensable bajo la lógica anterior.
Todo esto ocurre en un contexto específico, con violencia desbordada en estados clave y presión directa del gobierno de Trump.
FUEGO CRUZADO
El punto de quiebre legislativo llegó desde Chiapas. El Congreso local aprobó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con el objetivo de permitir que policías estatales porten armamento de mayor poder, hoy reservado a las Fuerzas Armadas.
El gobernador Eduardo Ramírez recibió un estado con incremento histórico de violencia, especialmente en la frontera con Centroamérica, donde operan grupos criminales en alianza con pandillas internacionales. La policía estatal, según el diagnóstico local, quedó superada en capacidad de fuego.
La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó su recepción y fue directo: es un tema que debe debatirse. Reconoció que no se puede enfrentar a grupos criminales con armas de bajo impacto frente a organizaciones que utilizan fusiles de asalto y equipo militar.
El solo hecho de discutirlo en el Congreso marca distancia con la política de contención del sexenio anterior. La doctrina de no confrontación quedó atrás.
500 DÍAS DE GUERRA
Sinaloa es el antecedente institucional más claro. Tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses, colapsó el arreglo informal que había permitido años de baja confrontación abierta en el estado.
Tal paz criminal se presentó como una reducción de violencia basada en contención y programas sociales. Pero se rompió y derivó en una confrontación que el Estado ya no puede contener ni administrar.
En los últimos días, Sinaloa regresó al centro de la agenda nacional. La desaparición de diez trabajadores mineros en Concordia motivó un despliegue federal masivo con Ejército, Guardia Nacional y fuerzas especiales.
Un patrón similar se observó en Michoacán. Ahí se implementó el Plan Paricutín, desplegado tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, lo que incrementó de forma inédita la presencia militar en la entidad.
PRESIÓN EXTERNA
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump elevó la presión sobre México. Amenazó con aranceles, designó a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y planteó abiertamente operaciones directas si México no daba resultados.
Frente a ese escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum modificó la política de seguridad. Se intensificaron detenciones, decomisos y desmantelamientos. La cooperación en inteligencia se amplió. El despliegue militar se multiplicó.
Cada semana se anuncian nuevos arrestos y golpes operativos. Incluso, más de 90 narcotraficantes fueron enviados a Estados Unidos en un año.
La lógica de “abrazos, no balazos” ya no rige las decisiones centrales del gobierno federal. Y no por gusto o responsabilidad: fue empujado por la violencia interna y acelerado por la presión externa.
Ahora falta ver hasta dónde está dispuesto el gobierno de Sheinbaum a mantener este giro del timón, o si buscará regresar a la doctrina pasada.
EL DATO INCÓMODO
Las familias están más pesimistas. Según Inegi, la confianza del consumidor cayó al nivel de 2022 y lleva 13 meses bajando. La gente ve peor la economía, el futuro y su dinero. Compran menos, posponen gastos y sienten que todo alcanza menos.
