Las autoridades del gobierno mexicano aseguran que la economía marcha bien, pero los resultados indican que el segundo semestre del año inició con un comportamiento negativo, a lo que se suma el hecho de que prácticamente todos los indicadores económicos muestran debilitamiento desde finales del 2023. Ante esta situación, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), advierte que ello no será suficiente para mejorar el nivel de bienestar del país, y dependerá más del intercambio comercial, a pesar de que las autoridades mexicanas celebraron la mejora en el pronóstico de crecimiento económico de nuestra economía que publicó el Fondo Monetario Internacional (FMI), que corrigen su percepción de 0.2% a 1.0% para este año y anticipan un avance de 1.5% para el próximo.

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“Si bien esta corrección mejora modestamente la confianza, es evidente que los niveles de crecimiento esperados aún son insuficientes para mejorar la situación del país”, aseveró en su análisis semanal. Agregó que, “de hecho, con la evolución reciente de los principales indicadores económicos no se ve probable, al menos en este y el siguiente año, que las previsiones de la Secretaría de Hacienda puedan cumplirse. Ahora el ritmo de avance de la economía depende en buena medida del intercambio comercial”.

Observó que a lo anterior se suma la preocupación por el efecto de la reforma judicial y la desaparición de los órganos independientes que podría afectar la actividad productiva. De ahí que, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), considera importante fortalecer las políticas de impulso de la actividad productiva y atender con mayor eficiencia los problemas de inseguridad, violencia y estado de derecho.

A lo anterior, agrega lo fundamental que es fortalecer la situación financiera del sector público, siendo indispensables mayores esfuerzos para lograr la consolidación fiscal; tener fuentes de recursos más sólidas y gasto más eficiente, “son la mejor forma de lograr los objetivos de reducir el déficit público y la necesidad de mayor deuda”.

El CEESP retomó que el reporte del INEGI, que señala que en julio pasado el indicador global de la actividad económica cayó 0.9% a tasa mensual, lo que en comparación con el mismo mes del año pasado significaría una disminución de 1.2%, la tercera y más alta desde febrero de 2021 cuando se contrajo 3.3%, aún por efectos de la pandemia.

“Esto podría ser el preludio de un tercer trimestre negativo”, advirtió, pero señala que el hecho es que “prácticamente todos los indicadores económicos muestran debilitamiento desde finales del 2023 y no se logra conformar un ciclo de expansión duradero”.

A ello, se agrega la preocupación por el efecto de la reforma judicial y la desaparición de los órganos autónomos, junto con la propuesta de reforma al juicio de amparo que está por discutirse, “afectan la percepción de un estado de derecho fuerte e imparcial para todos, desalentando en buena parte la inversión por parte de empresas y emprendedores”. Dichos cambios, sostiene, parecen limitar una regulación eficiente y neutral, propiciando mayores costos para las unidades productivas, lo que, acompañado de crecientes costos laborales, generan un ambiente complejo para su eficiente desempeño y propicia la informalidad.