Elegir a jueces en las urnas fue apenas el primer capítulo. Ahora, Claudia Sheinbaum quiere reescribir las reglas del juicio de amparo, una de las figuras más importantes para que los ciudadanos se defiendan del poder.
La Presidenta presentó su iniciativa el 15 de septiembre, en pleno festejo patrio, como continuación de las reformas que ya cambiaron por completo al Poder Judicial.
Con esta propuesta se busca limitar a los nuevos jueces, dar reglas al nuevo sistema judicial y, al mismo tiempo, dificultar caminos que durante décadas sirvieron para frenar abusos de autoridad.
BLINDAJES PREVIOS
El amparo viene recibiendo golpes desde hace tiempo. Primero, el Congreso controlado por Morena aprobó que los amparos no pudieran aplicarse contra reformas constitucionales. Con ello, cualquier cambio avalado por la mayoría quedaba blindado contra decisiones del Poder Judicial.
Después, en marzo, se aprobó otro límite: las suspensiones ya no pueden tener efectos generales. Ahora sólo beneficia a la persona que lo tramitó, nunca para todos.
LOS CAMBIOS
El paquete pone topes a las suspensiones: impide suspensiones provisionales contra congelamientos de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y desaparece la posibilidad de detener órdenes de prisión preventiva oficiosa.
La parte más polémica es la redefinición del interés legítimo. Para presentar amparos colectivos ahora se deberá probar una “lesión real, actual y diferenciada del resto de las personas”. Es decir: amparos como los que intentaron frenar el Tren Maya ya no tendrían futuro.
También hay cambios en el cumplimiento de sentencias: los funcionarios podrán alegar “imposibilidad jurídica o material” para no acatar resoluciones… y no pasa nada. Las sanciones ya no serán personales, sino que se cargarán a las dependencias.
El exministro Javier Laynez, recién llegado a la red X, advirtió: “Un amparo que pone en el centro a las autoridades y no a las personas debe ser motivo de seria preocupación”.
Santiago Aguirre, del Centro Prodh, alertó en Nexos que la iniciativa tiene tres retrocesos centrales: acotar el interés legítimo, limitar la suspensión y diluir consecuencias contra autoridades por desacato. Recordó que desde 2011 esta figura permitió que comunidades, mujeres, migrantes y pueblos indígenas abrieran casos históricos en tribunales.
No todo es negativo. La reforma trae consigo digitalización de procesos y un plazo máximo de 60 días para dictar sentencia. Agilidad sí, pero con un dilema: Sheinbaum pidió a la Cámara de Diputados recortes por 15 mil millones de pesos. Dinero que podría mejorar el acceso a la justicia irá a cubrir los recortes aplicados a varios sectores.
LO INEVITABLE
En el Senado, legisladores de Morena prometen un “conversatorio” para discutir esta propuesta. Resulta llamativo si recordamos que Adán Augusto López había rechazado un parlamento abierto, como lo pidió Javier Corral. Pero todos saben: conversatorios o parlamentos suelen mover la forma, no el fondo.
Y la correlación de fuerzas, con una oposición desaparecida, apunta a que la reforma pasará con retoques menores.
Recordemos: la reforma judicial y la elección de jueces en las urnas fue el inicio. El ajuste al juicio de amparo es el golpe fino.
EL DATO INCÓMODO
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que el aumento en la retención del ISR al ahorro, de 0.5 a 0.9% en la Ley de Ingresos 2026, golpeará a 50 millones de personas que no podrán recuperar el impuesto. La medida inhibe el ahorro y pega, sobre todo, a quienes apenas logran guardar un poco.
