Jaime Bonilla fue vinculado a proceso en Baja California por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones. Así, por primera vez, un exgobernador emanado de Morena entra de lleno a la ruta judicial con posibilidades de terminar en prisión.
EL CASO BONILLA
El expediente gira alrededor de un contrato firmado durante su gobierno por una planta fotovoltaica de Next Energy en Mexicali.
El esquema comprometía pagos mensuales por alrededor de 123 millones de pesos durante 30 años, garantizados con transferencias federales.
Con el tiempo vinieron retenciones de recursos, suspensiones judiciales, denuncias penales y actuaciones de la fiscalía estatal contra otros involucrados.
La audiencia que terminó con la vinculación a proceso duró casi un día completo. Bonilla enfrentará el procedimiento en libertad, con una garantía económica de 100 mil pesos y con un plazo de seis meses para investigación complementaria.
Su defensa insiste en que se trata de persecución política y recuerda que la retención principal ocurrió en 2022, cuando él ya no era gobernador, pero la fiscalía sostiene que la responsabilidad está en el diseño y la firma del esquema original.
RIVALIDAD INTERNA
El expediente no puede leerse fuera del choque político en Baja California. Marina del Pilar ha contado con respaldo político de Claudia Sheinbaum. Bonilla, en cambio, se volvió un personaje incómodo dentro de Morena. Por eso la sospecha de justicia entre rivales internos está sobre la mesa.
Aun así, tampoco se puede reducir todo a una venganza política. El contrato existe, hay rastro financiero y el caso sobrevivió a varios diferimientos, al fuero y al paso del tiempo. Aunque también en México muchas investigaciones sólo avanzan cuando un grupo político pierde protección o entra en conflicto con otro grupo más fuerte.
LOS PENDIENTES
Bonilla no es el único nombre incómodo para Morena. Ahí están Cuauhtémoc Blanco, con señalamientos penales y observaciones de auditoría; Rubén Rocha, con acusaciones públicas sobre su relación con el Mayo; Adán Augusto, con el peso del caso de su exsecretario de Seguridad; Cuitláhuac García, con observaciones de daño patrimonial; Rutilio Escandón, con revisiones por manejo irregular de recursos, entre otros.
La diferencia es que Bonilla cruzó una línea que los demás no han cruzado al enfrentarse públicamente con una facción de Morena. Ahora ya está frente a un juez. Por eso su caso funciona como prueba para medir si Morena está dispuesto a permitir que uno de los suyos llegue hasta el fondo del proceso.
EL ESPEJO DEL PRI
El PRI le dejó a Morena una lección. El partido tricolor acumuló exgobernadores detenidos, extraditados y procesados hasta convertir la corrupción estatal en una de sus marcas más visibles. El daño político fue enorme. Sumado a los otros escándalos del sexenio de Peña Nieto, eso se volvió una bola de nieve que terminó en avalancha en 2018.
Por eso la prueba para Morena no está en la foto de Bonilla saliendo de una audiencia. Está en el desenlace. Si hay juicio completo, reparación del daño y castigo a la red entera, el caso marcará un precedente, pero también les abre un dilema existencial. Porque dejar que la justicia avance sería bueno para el país, pero malo para sus ventajas electorales. Pues si cae uno, pueden caer más.
EL DATO INCÓMODO
Desde Palacio Nacional venden que el AIFA está lleno. Las cifras cuentan otra historia: ni siquiera figura entre los aeropuertos con más pasajeros internacionales en el primer bimestre de 2026. Costó casi 80 mil millones y una deuda por cancelar Texcoco que todavía la seguimos pagando.
