Emilio Lozoya Austin y su familia sí recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener un contrato de obra en la Refinería de Tula, Hidalgo.
El dinero se depositó hasta después de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, lo que comprueba que el capital era exclusivamente para Emilio Lozoya.
Además, no hay ningún elemento que vincule los sobornos por alrededor de diez millones de dólares con la compra de voluntades de legisladores para influir o agilizar la Reforma Energética, en el sexenio del presidente Peña Nieto.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene lo anterior en su acusación final contra el ex director de la petrolera estatal mexicana.
El Ministerio Público Federal especializado concluyó también que Emilio Lozoya y su familia fueron los únicos destinatarios de los sobornos a través de sus empresas, pues en la ruta financiera hasta llegó el rastreo.
La línea de investigación se agotaron en ese sentido luego de cinco años de investigación y cruce de datos en México y varios países.
Una vez con los elementos y evidencias, la Fiscalía General de la República solicitó una pena mayor a 46 años de cárcel.
Ello, por las imputaciones y probable comisión de ‘lavado de dinero’, asociación delictuosa y cohecho.
Además de la pena privativa de la libertad, la FGR pidió el pago de una multa de 87 millones de pesos y seis millones de dólares como reparación del daño.
En el caso de Gilda Susana Austin, madre de Emilio Lozoya, se solicita una pena de 23 años de cárcel y el pago de 262 mil pesos de multa.
Para llegar a las conclusiones se obtuvieron las testimoniales directas de 19 testigos, entre ellos seis exdirectivos de la expresa Odebrecht.
Los ejecutivos expresaron que los sobornos se pagaron por medio de su División de Operaciones Estructuradas.
Cuatro millones de dólares se entregaron entre abril y junio de 2012.
Los fondos se depositaron Latin American Asia Capital Holding, compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas.
Los beneficiarios directos fueron Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana.
Para el mes de noviembre se bloqueó la cuenta de Latin American por una alerta ‘antilavado’.
Así, la transferencia de un millón 516 mil dólares se hizo a la firma ‘Tochos Hilding’ cuya beneficiaria fue la hermana de Emilio Lozoya como beneficiaria.
La Fiscalía sostiene que los sobornos se pagaron hasta después de la campaña presidencial de Peña Nieto, lo que comprueba que el dinero era exclusivamente para Emilio Lozoya.
Como director general de Pemex, en 2013, Lozoya Austin pactó un soborno de seis millones de dólares para la adjudicación de obra a Odebrecht en las refinería de Tula, Hidalgo.
Del monto dos millones se pagarían de inmediato mientras que los cuatro restantes sólo si se cerraba la adjudicación.
El dinero fue transferido a la compañía Zecapan S.A., ligada a Emilio Lozoya.
Con los sobornos, Lozoya Austin, adquirió un departamento en el condominio Quinta Mar, ubicado en el Desarrollo Turístico de Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero.
La propiedad tuvo un valor de un millón 900 mil dólares, de los que un millón 200 mil fueron pagados desde Tochos Holding, transacción que fue realizada por Marielle Helene Eckes, esposa del exfuncionario.
La acusación final consta de 59 pruebas documentales, periciales y testimoniales.
Participaron entre los testigos, Marcelo Bahía Odebrecht, expresidente de Odebrecht, y Luis Alberto de Meneses Weyll, exjefe de la División de México de la constructora.
Ayer, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, tendría que comparecer ante el juez de control del Reclusorio Norte de la Ciudad de México para ser imputado formalmente por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no se presentó.
Los delitos que se le imputan tienen relación con el caso Odebrecht y los sobornos que supuestamente habría pagado la empresa brasileña para que los diputados aprobaran la reforma energética, que abrió la puerta a la privatización de diversas actividades en este ramo industrial.
La acusación de la FGR contra Anaya se funda en las declaraciones de Norberto Gallardo Vargas, quien fuera jefe de escoltas del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en las que afirmó que en 2014 entregó al entonces coordinador de los diputados del PAN 6 millones 800 mil pesos en efectivo para comprar los votos de sus compañeros de bancada.
En la audiencia inicial, realizada en agosto pasado, Anaya compareció por videoconferencia; sin embargo, el juez solicitó que sus abogados garantizaran que su cliente se encontraba en territorio nacional.
El año pasado tres audiencias se aplazaron debido a que los abogados de Anaya alegaron que no les habían entregado copias completas de la carpeta de investigación judicializada por la FGR, sin lo cual no era posible que prepararan una defensa adecuada.
