El sector de comercio, servicios y turismo aplaudió el nuevo plan de inversión en infraestructura presentado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero advirtió que no participará en él, hasta que no exista la certeza de que se pagará en tiempo y forma, además de que se lleven a cabo otras acciones como la simplificación normativa.

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Ello, toda vez que la mayor parte de negocios de este sector, y más aún, los pequeños y medianos, viven al día, por lo que no pueden financiar al gobierno, ni dejar de pagar a sus empleados, así como derechos y servicios.

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, señaló lo anterior, al tiempo que consideró que las grandes obras de infraestructura deben vincularse con proveedores locales y regionales para que se vean beneficiadas las empresas más pequeñas.

Y es que, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo 2026-2030, por 5.6 billones de pesos, que presentó el gobierno federal y que busca fortalecer el llamado Plan México y acelerar el crecimiento económico, sí es importante para impulsar la inversión privada en el país.

Pero para que esa inversión se traduzca en resultados, el gobierno federal debe garantizar pago puntual a los proveedores, sobre todo a micro, pequeños y medianos empresarios.

“Que el pago a los proveedores sea oportuno, que se establezca una política de pago a proveedores, principalmente de este segmento de las Mipymes, para que pueda ser mucho más oportuno y para que puedan financiarse y para que este esquema genere un crecimiento desde la base.

“Si el gobierno federal establece estos mecanismos de inversión, donde parte de los recursos públicos se van a invertir en infraestructura bajo un modelo en donde participa el sector privado, hay que acompañarlo de reglas y es una evaluación que van a hacer los inversionistas que puedan estar en ese segmento”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que “tenemos que visualizar que esta inversión -del Plan de Infraestructura- es histórica, tanto pública como mixta, en los montos que se establecen, pero para que esa inversión se traduzca en el territorio, debe darse adicionalmente a proveeduría local y regional, lo que hemos conversado es que la proveeduría se integre en grandes obras de inversión, y de los polos de desarrollo“.

Por otro lado, Octavio de la Torre habló de los altos costos que significa la formalidad en el país y que simplemente para abrir un negocio en México, significa alrededor de 28 mil pesos, tan solo en trámites.

Pero, “el mayor problema es permanecer, mantener la seguridad social, el pago de impuestos, vacaciones dignas, ley silla, la reducción de la jornada laboral, la licencia de paternidad. Formalizar no puede sentirse como castigo, debe sentirse como una puerta para crecer”, subrayó.

Recordó que la economía informal aporta el 25.4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual “es una señal de alerta.

“Esto no es una victoria, esto es una alerta porque detrás de esa cifra hay millones de personas sin seguridad social y sin certeza”, aseveró y por ello, presentó una ruta de formalización productiva para atender el crecimiento de la informalidad laboral y económica, con base en un diagnóstico con cifras oficiales y una agenda de acciones enfocadas en territorio: simplificación, incentivos a la contratación formal, productividad, digitalización y seguridad, y que espera se ponga en marcha por parte del gobierno federal antes de iniciar el segundo semestre de este año.