POR PATRICIA RAMÍREZ

En México, las encuestas electorales son cada vez más reguladas, debido a que tradicionalmente han sido utilizadas como instrumento de propaganda por los partidos políticos, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) supervisa la publicación de estas herramientas metodológicas para medir las preferencias de los ciudadanos.

Sin embargo, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, las encuestas no parecen influir demasiado en el comportamiento del votante.

“Aunque las posibles fuentes de error en la arquitectura de la información proveniente de una encuesta son abundantes y de diversa naturaleza, las encuestas no determinarían el resultado oficial de una elección. Por el contrario, abonarían a que entre las casas encuestadoras existiera una autorregulación supervisada por las asociaciones encargadas de que las empresas se ajustaran a ciertos parámetros de calidad, de conformidad con el modelo adoptado Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y buena parte de los países del norte de Europa”, señala el documento.

Detalla que la regulación en materia de encuestas electorales y sondeos de opinión en México data de 1993, al incluirse en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la obligación de entregar a la autoridad electoral el estudio que respaldara los resultados de encuestas sobre preferencias electorales publicados.

Para 1996 se incluyó la obligación de que quien pretendiera llevar a cabo y publicar encuestas por muestreo sobre preferencias electorales, adoptará criterios de carácter científico para su realización.

Con la reforma de 2008, se obligó a consultar a las encuestadoras acerca de la definición de los criterios científicos y tras la reforma político-electoral de 2014, las atribuciones en la materia se fijaron en la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y posteriormente en el Reglamento de Elecciones que fue aprobado en 2016.

“La publicación de encuestas electorales genera nutridos debates con relación a las dudas sobre su valor científico y los alcances tendenciosos durante el período electoral. Es por ello que surge la necesidad de regularlas, existiendo diferencias entre la experiencia latina y anglosajona. En la primera se ha regulado con la intención de proteger los derechos ciudadanos en relación a la manipulación de la información; y la segunda, no ha regulado al respecto con el argumento de la defensa de la libertad de expresión y de información”, señala el análisis de Gonzalo Altamirano Dimas.

Además, el especialista explica que como resultado del desfase entre las expectativas que los encuestadores generan durante la campaña y el resultado final de la elección, se hace necesaria la regulación en materia de encuestas.

En el caso de México, la sobrerregulación es producto de los conflictos postelectorales que encabezan los candidatos perdedores quienes, amparados en las encuestas, blanden la diferencia entre el “pronóstico” y el resultado, lo que siembra incertidumbre, mina la percepción de procesos electorales limpios y daña la reputación de las autoridades electorales.

Por lo que toca a las encuestas de salida, se comportan de dos formas: o generan caos postelectoral o ni siquiera publican sus números, aunque se lleven a cabo los ejercicios estadísticos y cobren sus honorarios.

“Se asume que las encuestas tienen un impacto en el proceso de formación de opinión pública, y su existencia amerita regularlas pues existen casos de elecciones donde se ofrece evidencia que sostiene que las encuestas sí influyeron en un segmento muy reducido de votantes. Su cercanía con los modelos metodológicos y científicos les otorga una legitimidad mayor entre el público en general como instrumentos de medición. De tal suerte que, si se le agrega valor a la influencia de las encuestas en el comportamiento del votante, cabría analizar la validez de ser colocadas en el espacio público”, concluye.