La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la entrega de 37 líderes criminales a Estados Unidos respondió a una solicitud del Departamento de Justicia, pero subrayó que la autorización se tomó desde México, con base en criterios de seguridad nacional, protección de la soberanía y conveniencia para el país, sin acuerdos políticos previos con Donald Trump.
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Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la entrega respondió a una solicitud formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual fue evaluada caso por caso por las instancias de seguridad del país, sin que existiera una negociación política previa o un compromiso automático con el gobierno estadounidense.
Sheinbaum Pardo enfatizó que la autorización no derivó de presiones externas ni de acuerdos personales con el presidente Donald Trump, al descartar que el tema se hubiera pactado durante la llamada telefónica que sostuvo recientemente con el mandatario estadounidense.
La jefa del Ejecutivo federal explicó que la determinación se adoptó tras el análisis del Consejo Nacional de Seguridad, instancia encargada de revisar si cada caso contribuía a reducir la violencia, fortalecer la seguridad nacional y proteger la soberanía del país.
En ese contexto, Sheinbaum señaló que la cooperación con Estados Unidos se mantiene bajo principios de coordinación y colaboración, pero dejó claro que ninguna solicitud extranjera se atiende de forma automática, ya que cada decisión se somete a una evaluación que coloca a México como prioridad.
La presidenta reiteró que, de no resultar conveniente para el país, la entrega no se habría autorizado, aun cuando existiera una petición expresa de las autoridades estadounidenses, y remarcó que este tipo de acciones se inscriben en los acuerdos de entendimiento bilateral vigentes en materia de seguridad.
Sheinbaum también rechazó las versiones que señalan que el gobierno mexicano actuó para “quedar bien” con Washington, al sostener que la política de seguridad nacional se define a partir de intereses propios y no de presiones externas o cálculos políticos coyunturales.
La mandataria subrayó que muchos de los perfiles entregados ya eran extraditables conforme a la ley, pero insistió en que la decisión final respondió a un análisis integral del Estado mexicano, orientado a la protección del bienestar, la soberanía y la seguridad pública del país.
