Bajo el reconocimiento de que la extorsión es el único delito que no ha logrado disminuir el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este martes enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional para que dicho delito sea perseguido de oficio en todo el país.

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Durante la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, Sheinbaum Pardo señaló que actualmente la denuncia recae en las víctimas, quienes muchas veces enfrentan riesgos personales al señalar a los responsables.

Por ello, afirmó que “la víctima no es sólo quien recibió la extorsión, sino que el Estado mexicano se asume como víctima”.

Añadió que, con esta nueva estrategia, “se inicia con el número telefónico 089”, es decir, con la identificación del medio desde el cual se comete el delito, lo que permitirá actuar de inmediato sin necesidad de una denuncia formal por parte de la persona afectada.

Sheinbaum Pardo sostuvo que esta estrategia representa un paso fundamental para enfrentar una de las expresiones del crimen que más afectan a la población, al comercio y a la seguridad, y expresó su confianza en que todas las fuerzas políticas respaldarán la reforma al señalar que “no veo por qué alguien no estaría de acuerdo”.

Explicó que se trata de una modificación al artículo 73, fracción XXI, inciso a, de la Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión que establezca un tipo penal único, sus agravantes, delitos vinculados y sanciones homologadas en todas las entidades federativas.

Subrayó que una ley general implica que todos los estados deben legislar conforme a ella y que, por tanto, se requiere primero la reforma constitucional.

La presidenta detalló que la estrategia presentada el domingo ya está en marcha e incluye la habilitación del número 089 como línea nacional para recibir denuncias anónimas de extorsión, ya sea telefónica o presencial.

“Desde ahora, cualquier persona que sea víctima de este delito puede llamar al 089 sin necesidad de identificarse.

Una vez recibida la denuncia, las unidades de investigación —tanto federales como estatales— deberán iniciar de inmediato el proceso correspondiente y aclaró que “estas unidades, que actualmente se dedican al combate al secuestro, asumirán también la atención de los casos de extorsión”.

Sheinbaum Pardo indicó que gracias a la reciente expedición de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, será posible fortalecer la capacidad de respuesta con herramientas coordinadas de análisis, investigación y acciones inmediatas, incluyendo la colaboración con empresas de telecomunicaciones para inhabilitar de inmediato números telefónicos utilizados en actos de extorsión.

La presidenta sostuvo que la penalidad para este delito no se incrementará, pero sí se modificará su régimen de persecución y reiteró que ya no será necesario que la víctima presente la denuncia, pues esta será responsabilidad directa del Estado.

Agregó que este enfoque responde a la gravedad del delito, a sus diversas modalidades y a las repercusiones físicas, psicológicas, económicas y sociales que provoca.

En tanto, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo federal, explicó que la iniciativa tiene como finalidad establecer en la Constitución la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión, al igual que ocurre actualmente con delitos como el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas, la tortura, los tratos crueles e inhumanos y los delitos electorales.

Señaló que la propuesta incluye la incorporación expresa del delito de extorsión dentro de ese marco constitucional.

Godoy Ramos enfatizó que el objetivo es dotar al país de una ley general que permita prevenir, investigar y sancionar eficazmente este delito mediante acciones estratégicas, líneas de investigación, capacitación especializada, programas de atención a víctimas y mecanismos de reparación del daño.

Indicó que la extorsión ya es considerada un delito grave en el artículo 19 constitucional, por lo que su persecución oficiosa y su homologación legal permitirán una respuesta más contundente y coordinada en todo el territorio nacional.