El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Erick Valencia Salazar, identificado como “El 85”, se declaró culpable ante un tribunal federal por conspiración para distribuir cocaína con destino al mercado estadounidense, en un caso que se enmarca en la ofensiva contra estructuras del narcotráfico mexicano.

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Autoridades estadounidenses precisaron que la acusación se centró en un cargamento relacionado con al menos cinco kilogramos de cocaína, cuya distribución tenía como objetivo su importación ilícita a territorio estadounidense, lo que derivó en la aceptación de responsabilidad penal por parte del acusado.

La audiencia de sentencia quedó programada para el 31 de julio, fecha en la que el tribunal determinará la pena correspondiente, la cual podría oscilar entre 10 años de prisión y cadena perpetua, conforme a la gravedad de los cargos y los antecedentes del caso.

Valencia Salazar fue capturado por primera vez en marzo de 2012 en México, posteriormente obtuvo su liberación y fue detenido nuevamente en 2022, lo que permitió reactivar procesos judiciales que culminaron con su extradición a Estados Unidos en febrero de 2025.

El traslado ocurrió en el contexto de la decisión del gobierno estadounidense de catalogar al CJNG como organización terrorista, una medida impulsada durante la administración de Donald Trump que buscó ampliar herramientas legales contra redes criminales transnacionales.

Dentro de la estructura criminal, “El 85” participó inicialmente en el Cártel del Milenio bajo el mando de Óscar Orlando Nava Valencia, desde donde consolidó operaciones que posteriormente dieron origen a una nueva organización con alcance nacional e internacional.

Tras la fragmentación de ese grupo, Valencia Salazar cofundó el CJNG junto con otros operadores, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, quien encabezó la expansión del cártel hasta convertirlo en una de las organizaciones más relevantes en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La muerte de Oseguera Cervantes en febrero de 2026 en un operativo militar en Jalisco generó reacomodos internos y episodios de violencia en distintos estados, lo que evidenció la capacidad de reacción territorial de la organización frente a la pérdida de liderazgos.

El proceso judicial contra “El 85” se inscribe en una estrategia de persecución penal que busca desarticular mandos históricos del CJNG, al tiempo que refuerza la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de extradición y combate al crimen organizado.

La eventual sentencia marcará un punto de referencia en la ofensiva contra antiguos dirigentes del cártel y definirá el alcance de las sanciones aplicadas a quienes participaron en la consolidación de una de las principales rutas de tráfico de drogas hacia el mercado norteamericano.