AIDA RAMÍREZ

Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro.com

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que las iniciativas de Decreto en San Luis Potosí y Estado de México no presentan justificación técnica, ni fiscal de los beneficios que presuntamente se buscan con el incremento impositivo, por lo que acusó que más que acciones ambientales “son medidas recaudatorias que golpearían principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Ello, luego de que los gobiernos de ambas entidades enviaron propuestas de decretos a sus respectivos Congresos “para aumentar drásticamente” los impuestos en materia ambiental, lo que preocupa al sindicato patronal, “pues los ingresos generados por estos gravámenes no están adecuadamente asignados a acciones de mitigación, y no se garantiza que su uso cumpla con criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Consideramos que así como están planteados no es posible identificar un beneficio ambiental o social, lo que sugiere que su propósito puede ser exclusivamente recaudatorio”, indicó.

El organismo que encabeza José Medina Mora Icaza aseveró que tampoco se han demostrado los supuestos beneficios de la aplicación de estos impuestos en ambas entidades; y si bien las iniciativas “mencionan supuestas ventajas y su impacto en la población más desprotegida, los impuestos propuestos no están específicamente asignados en las Leyes de Ingresos o Hacienda”.

Por lo que aseveró que no se puede asegurar que los recursos recaudados hayan sido o serán destinados para promover un medio ambiente saludable o para el bienestar público, “lo que desvirtúa su supuesto propósito original.

“Es un hecho que estos impuestos contradicen la legislación federal, específicamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta ley establece que los instrumentos económicos de carácter fiscal deben incentivar el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental y no deben establecerse con fines exclusivamente recaudatorios, según su artículo 22, segundo párrafo”.

La Coparmex reiteró su respaldo al Modelo de Desarrollo Inclusivo, que aboga por un crecimiento económico en armonía con la justicia social y la preservación del medio ambiente, pero advirtió que sus empresas socias que ya implementan acciones a favor de la economía circular y la reducción de emisiones, con estos nuevos impuestos se “desincentiva la inversión nacional y extranjera, afectando la atracción del país y desaprovechando las oportunidades del fenómeno de relocalización de empresas o nearshoring”.

Asimismo, destacó que la propuesta carece de fuentes técnicas que respalden el cálculo de los montos propuestos, generando dudas sobre su proporcionalidad.
Los nuevos impuestos ambientales, subrayó, deben ir acompañados, al menos, de incentivos fiscales y administrativos que reduzcan el pago en función de las acciones pasadas o presentes para incorporar tecnologías avanzadas que minimicen las emisiones contaminantes.

“En el caso del Estado de México, se observa un aumento desproporcionado, elevando el impuesto actual a las emisiones a la atmósfera de 43 a 100 pesos por tonelada de dióxido de carbono equivalente (ton CO2e), representando un incremento del 132 por ciento.

En cuanto a San Luis Potosí, la propuesta de gravar el 100% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) contradice las políticas nacionales e internacionales, y va en contra de la estrategia de reducción de emisiones presentada por México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; “esto convertiría al estado en la segunda entidad del país con el gravamen más alto de un solo golpe”.

Por lo anterior, la Coparmex hace un llamado a los Ejecutivos y a los Congresos de ambas entidades para priorizar el diálogo y generar mesas de trabajo con el sector empresarial, toda vez que “es imperativo que medidas de alto impacto social, ambiental y económico como estas se basen en el consenso y la racionalidad. Se requieren acciones integrales, no solo impuestos, para establecer una verdadera política pública en materia ambiental.

“Las cargas fiscales, sin incentivos y acciones complementarias, perjudicarán principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, y en última instancia, a los ciudadanos”, puntualizó.