Tras el reciente freno en la Cámara de Diputados a la reforma político-electoral, el Frente Amplio Democrático (FAD) fijó una postura contundente: cualquier intento de impulsar un “Plan B” a través de legislación secundaria es jurídicamente improcedente y violenta el orden constitucional.

El rechazo en la Cámara: Un freno a las reformas sin consenso

El FAD hizo un reconocimiento público a las y los legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM. Según el comunicado de la organización, su voto en contra evitó una modificación que calificaron como “regresiva”.

La organización subrayó que las reglas de la competencia democrática no pueden ser impuestas por una mayoría simple, sino que requieren de acuerdos amplios para garantizar la estabilidad del sistema y la confianza de la ciudadanía.

El sustento legal: El Artículo 72 de la Constitución

Uno de los puntos clave en el posicionamiento del FAD es la coincidencia con el Dr. Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría en el Senado. El argumento central radica en la imposibilidad de reintroducir una reforma ya desechada en el mismo año legislativo.

“Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año”. — Artículo 72, inciso G, de la Constitución.

¿Por qué no puede haber un “Plan B”?

El FAD argumenta que intentar modificar el sistema electoral mediante leyes secundarias representaría un “atajo” para eludir la decisión soberana del Congreso. Entre los puntos que no pueden alterarse sin una reforma constitucional destacan:

• Representación plurinominal: Cambios en los artículos 52, 53 y 56.
• Regulación del gasto: Modificaciones a la fracción I del artículo 41 constitucional.

Un llamado a la autonomía legislativa

Los representantes del Frente, entre los que figuran nombres como Rosario Robles, Angélica de la Peña y Marco Antonio Baños, hicieron un llamado urgente a las Mesas Directivas de ambas Cámaras. Exigieron preservar la autonomía del Poder Legislativo frente a presiones externas y evitar interpretaciones de la ley que resulten convenientes para el Ejecutivo.

“La democracia constitucional no puede ser modificada por atajos legislativos. Pretender imponerla por la ‘puerta trasera’ de la legislación secundaria es contrario al espíritu de la Constitución”, sentenció el organismo.