La Fiscalía General de la República (FGR) imputará los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas a las personas responsables de la operación del Tren Interoceánico, al determinar que el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca fue provocado por un exceso de velocidad que contravino la normatividad ferroviaria vigente.

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En el informe inicial de las investigaciones, la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que el siniestro se registró en el tramo Nizanda–Chivela de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos y que, a partir de los peritajes técnicos y del análisis de la información extraída de la caja registradora de eventos de la locomotora, conocida como caja negra, se pudo establecer que el tren circulaba por encima de los límites de velocidad autorizados, lo que derivó en el descarrilamiento que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y casi un centenar de personas lesionadas.

Detalló que desde el primer día se inició la carpeta de investigación y se desplegó personal ministerial, peritos y policías federales ministeriales para realizar diligencias como inspecciones a la vía férrea en el punto del siniestro y en un tramo de cinco kilómetros previos y posteriores, así como revisiones al tren involucrado, integrado por dos locomotoras y cuatro coches acoplados.

Asimismo, se llevó a cabo la recolección criminalística de indicios, la verificación del sistema de acoplamiento, el levantamiento topográfico del lugar y la localización, extracción, embalaje y aseguramiento de la caja negra con cadena de custodia, cuya lectura fue realizada por peritos especializados en distintas disciplinas técnicas.

La fiscal general explicó que los registros de la caja negra permitieron reconstruir el comportamiento del tren durante su recorrido. Los datos indicaron que en tramos rectos el convoy alcanzó velocidades de hasta 111 kilómetros por hora, pese a que el límite permitido era de 70 kilómetros por hora, y que ingresó a la curva donde ocurrió el descarrilamiento a 65 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima autorizada era de 50 kilómetros por hora.

Los peritajes descartaron fallas previas en la infraestructura ferroviaria y en los componentes mecánicos del tren, incluidos rieles, sistemas de acoplamiento y frenos, los cuales funcionaban adecuadamente. No obstante, se identificó una aceleración súbita atribuible a la conducción del tren, lo que, debido al peso y la masa del convoy, incrementó la fuerza centrífuga en la zona de curvas y provocó la pérdida de estabilidad.

Con base en estos elementos, Godoy Ramos dijo que la Fiscalía determinó que se incumplieron las reglas de operación establecidas en la normatividad vigente y resolvió ejercer acción penal por homicidio culposo y lesiones culposas e indicó que las investigaciones continúan con peritajes adicionales para descartar otros factores y que, de manera paralela, se mantiene la coordinación interinstitucional para la atención a las víctimas y la reparación integral del daño.