AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Al ser un tema de interés público para el país, toda vez que está relacionado con presuntos actos de corrupción en dependencias gubernamentales de la actual administración federal, con el desvío de más de nueve mil millones de pesos, resulta trascendental que la Fiscal General de la República (FGR) entregue la información que le ha solicitado un particular, ya que al ser de carácter genérico o estadístico no pone en riesgo la conducción de las investigaciones.

Por ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la FGR debe entregar información relacionada con las denuncias presentadas por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa.

“El asunto de Segalmex ha sido señalado como un caso de corrupción, incluso, mayor al de la Estafa Maestra en el sexenio pasado. Esto no es menor, ya que, desde los inicios del actual gobierno, el combate frontal a la corrupción ha sido una de las principales promesas y compromisos”, dijo la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.

Al presentar el asunto ante el Pleno, compartió que, a cuatro años de existencia como organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a Segalmex se le relaciona con posibles hechos de corrupción por el presunto desvío de nueve mil 500 millones de pesos, motivo por el cual las autoridades investigan a 29 servidores públicos y 28 personas morales.

Además, la dependencia ya ha presentado 30 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, así como otras ocho más, ante otras instancias como la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con su actual Director General; además de que ha estado bajo el escrutinio de autoridades fiscales y judiciales.

Una persona requirió a la FGR, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 10 puntos de información relacionados con un comunicado oficial donde se dice que existen 38 denuncias presentadas ante esta Fiscalía por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.

Específicamente, la persona solicitó conocer cuántas indagatorias ha iniciado por posibles hechos constitutivos de delitos en Segalmex, Diconsa y Liconsa, de enero de 2019 a la fecha; la fecha de cada denuncia, cuál fue la irregularidad denunciada, el número de personas indiciadas, el delito que se investiga, el monto económico o el daño observado que pudiera recaer en un daño patrimonial, el estatus de cada una de las investigaciones, así como cuántas órdenes de aprehensión y de presentación o comparecencia y, en caso, de haber sido judicializadas, indicar número de causa penal y órgano jurisdiccional.

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, contestó cada uno de los puntos.

En tanto que, por medio de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, señaló que se cuenta con 50 denuncias relacionadas con lo requerido, contra los tres sujetos obligados, y que la demás información solicitada se encuentra desglosada en documentos inmersos en carpetas de investigación en trámite, por lo que se encuentra clasificada como reservada.

La persona recurrente señaló como agravio la clasificación manifestada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, razón por la que presentó recurso de revisión ante el INAI. Pero en alegatos, la FGR reiteró los términos de su respuesta inicial y defendió su legalidad.

Del análisis hecho por la ponencia a cargo de la comisionada del Río Venegas se advirtió que la información requerida es de índole genérica, ya que son datos estadísticos y estos sí deben entregarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70, fracción treinta, de la Ley General de Transparencia, por lo que la misma no se puede localizar únicamente en los expedientes de las averiguaciones previas, toda vez que el sujeto obligado cuenta con un Sistema Institucional de Información Estadística, en el cual se pueden encontrar los datos solicitados.

“Resulta trascendental que el sujeto obligado, en este caso la Fiscalía General de la República, haga entrega de la información correspondiente, misma que es de carácter genérico o estadístico, es decir que, al proporcionarla, no se pone en riesgo la conducción de las investigaciones, porque no está vinculada a personas plenamente identificadas, siendo que no obran únicamente en las carpetas de investigación. Además, de que existen criterios establecidos en el órgano garante que señalan que, sin importar la materia, la información de carácter estadístico es de naturaleza pública”, expuso la comisionada Norma del Río.

Señaló que, al buscar la palabra “Segalmex”, en la Plataforma Nacional de Transparencia, se da cuenta de que existen 94 mil 278 registros, de los cuales 92 mil 678 pertenecen a información pública relacionada con las obligaciones de transparencia, mil 523 a solicitudes de acceso a la información, y 77 a quejas de respuestas emitidas por los sujetos obligados. Estas cifras, dijo, reflejan el gran interés social de la ciudadanía por el tema, debido a que Segalmex es una institución clave en el Plan Nacional de Desarrollo.