La falta de armonización de las leyes estatales con las recientes reformas constitucionales y legales en materia de seguridad y procuración de justicia sigue siendo uno de los principales obstáculos para lograr una actuación coordinada y eficaz entre la Federación y las entidades federativas. Frente a este problema, la Fiscalía General de la República planteó como solución impulsar un proceso de armonización legislativa en los congresos locales para fortalecer el marco jurídico de las fiscalías estatales y alinear sus objetivos y estrategias con la política nacional de seguridad.

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El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, explicó que la Fiscalía General de la República ha definido como una prioridad acompañar a las entidades federativas en la adecuación de sus leyes, con el propósito de que las nuevas disposiciones constitucionales y legales tengan aplicación efectiva en el ámbito local y no se queden únicamente en el plano federal.

Señaló que uno de los principales problemas que enfrenta la estrategia nacional de seguridad es que la mayoría de los delitos no corresponden al ámbito federal, sino al fuero común, ya que alrededor del 90 por ciento de los ilícitos que se cometen en el país son atendidos por las fiscalías estatales. Esta situación, indicó, hace indispensable que exista una coordinación real y permanente entre la Federación y los gobiernos locales.

Durante la reunión, donde estuvieron presentes el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Hugo Aguilar Ortiz; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva Gálvez; la presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, Elisa De Anda Madrazo, así como consejeras y consejeros jurídicos de las entidades federativas, Boone de la Garza subrayó que la coordinación constituye el cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Por lo anterior, advirtió que su funcionamiento efectivo depende, en buena medida, de la capacidad de las entidades federativas para actualizar sus marcos normativos y fortalecer a sus instituciones de procuración de justicia.

Explicó que las consejerías jurídicas de los gobiernos estatales tienen un papel estratégico en este proceso, ya que pueden incidir directamente en la adecuación de los ordenamientos locales y en la alineación de los objetivos y las estrategias de las fiscalías y procuradurías estatales con la política nacional.

Añadió que la implementación de la estrategia nacional en materia de seguridad requiere, además de reformas legales, un compromiso institucional permanente, trabajo constante, comunicación continua entre autoridades, así como transparencia, honestidad y la convicción de transformar al país.

Finalmente, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, señaló que uno de los principales retos es consolidar un esquema de trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno que permita obtener mejores resultados tanto a nivel federal como estatal, mediante el fortalecimiento de las acciones territoriales y la articulación de las estrategias definidas desde el Gabinete de Seguridad.