Los peritajes y la investigación realizada por la Fiscalía General de la República concluyeron que el maquinista, el conductor y el jefe de despacho fueron responsables del siniestro ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, al determinar que el accidente fue provocado por un exceso de velocidad negligente y por la omisión de los otros dos trabajadores para evitarlo, mientras que quedaron descartadas fallas en las vías, en la locomotora y los vagones, irregularidades en los contratos de construcción y mantenimiento, así como cualquier responsabilidad de servidores públicos.
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Al dar a conocer las conclusiones, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que la indagatoria agotó todas las líneas de investigación posibles y confirmó la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Precisó que, tras integrar cuatro carpetas de investigación, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión y de cateo, y posteriormente logró la vinculación a proceso de los involucrados.
“Se acreditó fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho”, señaló.
La Fiscal dijo, por lo anterior, a través de un mensaje difundido en las redes sociales que el delito de ataques a las vías generales de comunicación e indicó que los peritajes en arquitectura, ingeniería civil y seguridad industrial concluyeron que en el punto del siniestro la vía, los durmientes, las fijaciones y el balasto cumplían con la norma.
También fueron descartados los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público y es que, explicó que la revisión de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, otras seis auditorías adicionales y cinco expedientes ya concluidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no encontró observaciones penales en 41 contratos relacionados con la vía, la adquisición del material ferroviario y su mantenimiento.
La investigación dijo que también concluyó que la locomotora, los vagones y todos sus componentes se encontraban en condiciones normales de uso y cumplían con la normatividad vigente, por lo que reiteró que el exceso de velocidad fue la causa directa del percance, en el que murieron 14 personas y otras 100 resultaron lesionadas.
Indicó que, en el caso de un tren, la velocidad se potencializa por el peso, la masa y el radio de curva, lo que incrementa la fuerza centrífuga y provoca que la unidad salga de las vías y se vuelque.
La conclusión fue respaldada, precisó con el cálculo del tiempo de recorrido entre el inicio del trayecto y el punto del accidente, así como con la información extraída de las cajas negras de la locomotora.
Además, los peritos revisaron el reglamento interno del transporte ferroviario, el horario ferroviario, los mandatos de vía del día del accidente y la documentación sobre la capacitación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. Con ello, la Fiscalía concluyó que los tres conocían plenamente sus obligaciones y los límites de velocidad establecidos.
“En suma, la correlación de los fallecimientos y las lesiones se derivó del exceso de velocidad negligente atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo”, sostuvo la Fiscal General de la República.
Para integrar la investigación se elaboraron 230 dictámenes periciales en materias como ingeniería civil, arquitectura, criminalística, medicina forense, genética, informática, mecánica, topografía, seguridad industrial, geología y metalurgia.
En los trabajos participaron 336 servidores públicos: 78 agentes del Ministerio Público, 38 auxiliares ministeriales, 55 facilitadores, 140 peritos de 16 especialidades y 25 policías federales ministeriales. La investigación se extendió a 13 estados del país y dos ciudades de Estados Unidos.
Asimismo, dijo que la Fiscalía trabajó en coordinación con nueve dependencias federales, entre ellas las secretarías de Gobernación y de Marina, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex y el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En materia de reparación del daño, la institución informó que 145 personas agraviadas -114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes- aceptaron concluir el conflicto mediante mecanismos de justicia alternativa y firmaron acuerdos reparatorios.
La empresa responsable otorgó además el perdón de parte ofendida por el delito de daño en bienes. Con ello, la Fiscalía indicó que se extinguió la acción penal correspondiente a ese ilícito.
Godoy Ramos sostuvo que los acuerdos reparatorios permitieron a las víctimas acceder de manera más rápida a una reparación integral del daño.
Finalmente, la Fiscalía General de la República informó que el informe conclusivo de la investigación ya puede ser consultado en la página oficial de la institución.
