De cara a la reforma electoral, hay puntos irreductibles que no pueden ser desdeñados, advirtió la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien señaló que una propuesta de esta magnitud debe aprobarse por consenso para contar con base de legitimidad e impedir su captura por mayorías temporales.

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Explicó, además, que las reglas del juego no pueden modificarse unilateralmente por quienes compiten bajo ellas y que el árbitro electoral no puede estar copado por alguna de las partes.

Añadió que cada voto debe valer lo mismo y traducirse de manera fiel en la conformación de los órganos legislativos, sin sobrerrepresentaciones ni distorsiones, y que no puede haber democracia sin autoridades electorales independientes, dotadas de capacidades técnicas suficientes.

Asimismo, sentenció que la competencia electoral debe darse en condiciones de cancha pareja, sin ventajas indebidas para el partido en el gobierno ni uso electoral de recursos públicos.

La legisladora panista advirtió que un tema de extrema importancia es que la democracia no puede coexistir con la infiltración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos, ya que el financiamiento ilícito no solo altera elecciones, sino que compromete la seguridad, la legalidad y la soberanía del Estado.
“El Estado debe garantizar el control territorial durante los procesos electorales para impedir la injerencia del crimen organizado”, apuntó.

López Rabadán sostuvo que la calidad de las elecciones depende de instituciones técnicas sólidas, personal capacitado y procesos probados, y que debilitar la capacidad operativa del sistema electoral, bajo argumentos de austeridad, pone en riesgo la certeza, la legalidad y la paz postelectoral.

En este contexto, precisó que los gobiernos deben surgir con mayorías claras y mecanismos institucionales que favorezcan la gobernabilidad y la rendición de cuentas, por lo que propuso la segunda vuelta electoral en cargos ejecutivos y reglas claras para interinatos.

En materia de coaliciones, señaló que debe existir un registro obligatorio de plataformas comunes ante la autoridad electoral previo al inicio de los procesos electorales, así como publicidad y accesibilidad ciudadana de los acuerdos, incluidos programas, prioridades legislativas y compromisos de gobierno. Asimismo, planteó la vinculación programática de las bancadas legislativas, respetando la libertad de conciencia, pero garantizando coherencia básica con la plataforma registrada.

La legisladora dejó en claro que los Programas Sociales son derechos y no deben utilizarse como amenaza electoral. Añadió que el financiamiento público debe ser la base de la equidad, orientado a proteger el voto ciudadano y a garantizar condiciones mínimas y comparables de competencia entre todas las fuerzas políticas, dentro y fuera de los periodos electorales.

Indicó que el PAN busca el reconocimiento del carácter permanente del financiamiento, destinado a la formación cívica, la organización partidista, la deliberación pública y la preparación democrática, y no exclusivamente a la propaganda electoral.

“Reglas estrictas sobre el origen del dinero, con prohibición absoluta de recursos de procedencia ilícita, criminal o del uso indebido de recursos públicos”, concluyó.