AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy Ramos, ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a la Procuraduría Fiscal, de manera formal, por el caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.

Esto, ante la posibilidad de que dicho cártel haya caído en el posible delito de lavado de dinero, ya que se habla de posibles empresas fantasma en todo el entramado de corrupción.“Sé que la fiscal ha pedido información a la UIF y a la Procuraduría Fiscal, de manera formal”, aseveró la mandataria capitalina en el marco de su conferencia de prensa de este martes.Asimismo, “recomendó” ver el mensaje que emitió el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López este mismo martes.

“No tengo la información completa de lo que van a decir, pero la fiscal comentó hoy en el gabinete, que iban a dar conferencia de prensa para darle continuación a la conferencia de prensa que dieron el martes pasado, con nueva información.

“Y como lo he mencionado en varias ocasiones. Lo interesante de eso –vamos a ver hoy qué es lo que comentan– es el modus operandi: ¿cómo se hace un alcalde, un funcionario de una alcaldía, de un departamento que está en un piso no autorizado o en un edificio que tiene pisos no autorizados? Eso es lo que la Fiscalía hoy está exponiendo, a partir de esta información que da un empresario, que participó en este modus operandi”, señaló.

Sheinbaum Pardo insistió que en el caso del cártel inmobiliario, lo que hizo la Fiscalía local “es destapar una cloaca, destapar algo que sabíamos que ocurría en la anterior administración, por lo menos en la anterior administración, entre una colusión de autoridades y desarrolladores que hicieron pisos de más, que violaron el uso de suelo”.

Recordó que el caso aparece a partir de la explosión de un tanque de gas en un edificio, que ahí es donde la Fiscalía comienza a investigar, se da cuenta que hay muchos departamentos que están a un solo nombre, y se empieza a dar cuenta de que no solamente es un edificio, sino que hay más edificios en donde hay este modus operandi, en donde se construyen pisos de más a cambio de departamentos para los funcionarios públicos.

“Ahora, hay que recordar que, en el caso del anterior jefe delegacional, es todavía más grave la acusación, diría yo, bueno igual de grave, pero es más inmoral, digamos, porque es la utilización de recursos de la reconstrucción para beneficio personal. Es decir, la razón por la cual está con orden de aprehensión –que emite un juez, por cierto, que eso es muy importante, porque la Fiscalía lo pide, si no hay pruebas, el juez no daría la orden de aprehensión– es porque hubo contrato de cerca de 200 millones de pesos para demoliciones –de edificios dañados por el sismo de 2017-, que nunca ocurrieron.

Entonces, inclusive, además del tema de los pisos de más también está este delito”, señaló.