La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo al diputado Monreal contra las acusaciones que hiciera la gobernadora Layda Sansores Sanromán en su contra en uno de sus programas de radio en 2022, por lo que se ordenó a la mandataria estatal bajar todos los contenidos que aluden al legislador de esa emisión radiofónica.

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El conflicto entre ambos integrantes de la 4T surgió a raíz de que, en octubre de 2022, Sansores publicó en sus redes y en el programa estatal un audio que involucraba a Ricardo Monreal y al dirigente del PRI, Alejandro Moreno. El contenido sugería presuntos acuerdos políticos para beneficiar a David Monreal, gobernador de Zacatecas y hermano de Ricardo.

Ante esos hechos, el senador promovió un juicio de amparo indirecto y el juez de distrito concedió el amparo, al considerar que las expresiones de la gobernadora no merecían protección constitucional porque difundió información que no era objetiva ni imparcial, sin tener facultades legales, vulnerando sus derechos.

En desacuerdo, la gobernadora interpuso este recurso de revisión, alegando que no se aplicó correctamente el estándar de veracidad de la Suprema Corte, pues ella no actuó con real malicia, por lo que la primera sala atrajo este asunto.

Cuando el caso llegó hasta la Corte, Monreal argumentó que se trataba de una intervención ilegal de comunicaciones privadas y solicitó a las autoridades la retirada de dicho material de los canales institucionales, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales.

El proyecto de sentencia avalado en la sesión de este miércoles, presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, estableció que la difusión del audio desde plataformas oficiales implica el uso indebido de recursos públicos para promover contenidos posiblemente obtenidos de forma ilícita, lo que violenta la privacidad y la legalidad.

Además, advirtió que los funcionarios públicos no gozan de libertad de expresión ilimitada, sobre todo cuando emplean medios estatales para emitir juicios o divulgar información privada.

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Por ello, se ordenó el retiro inmediato de todo contenido relacionado con el audio en canales oficiales del gobierno de Campeche, con lo que también se establece un precedente sobre los límites legales al uso de medios institucionales con fines partidistas o personales.