Bajo el argumento de que se debe garantizar la seguridad de los mexicanos y pacificar al país, por unanimidad, el Senado de la República otorgó a Omar García Harfuch la llamada “súper secretaría” o el “súper poder” al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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De acuerdo con la aprobación a la modificación del artículo 21, la dependencia adquiere las mismas facultades que el Ministerio Público, la policía y la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia podrá realizar trabajos de investigación de los delitos y coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública para ordenar los protocolos para que las instituciones de seguridad se enfoquen en el mismo fin.

Se agregó que contará también con un secretariado ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable en el ejercicio de sus atribuciones concurrentes de los tres órdenes, que, en todo momento deberá tener atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los cuales coordinará y dirigirá.

También auxiliará al Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus funciones en materia de seguridad nacional y le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública y podrá coordinar acciones de los tres niveles de gobierno a través de las instituciones responsables de la seguridad pública, los cuales, deberán proporcionar la información.

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La Secretaría de Seguridad también podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para identificar y esclarecer hechos que sean presuntamente constitutivos de delitos.

En cuanto a las funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este tendrá la facultad de auditar y vigilar los fondos de ayuda de seguridad pública a nivel local, así como homologar las acciones concurrentes de la Federación, entidades federativas y los municipios para los fines y objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La dependencia, que contará con 90 días naturales para armonizar la normativa de los instrumentos jurídicos, las erogaciones que deba de hacer para cumplir con el decreto serán a cargo de la misma dependencia.