La reciente explosión en un tramo del sistema troncal de gas natural en el norte del país, perteneciente al sistema operado por Cenagas, vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que trasciende el evento puntual. No se trata únicamente de una fuga, una válvula o un protocolo activado con mayor o menor rapidez. Se trata de algo más profundo: la gobernanza técnica de una infraestructura estratégica.
La dimensión técnica del análisis no debe hacernos olvidar lo esencial: dos trabajadores perdieron la vida y varios más resultaron gravemente lesionados. Detrás de cada cifra hay familias, trayectorias y responsabilidades que no pueden reducirse a estadísticas operativas. En infraestructura energética, cada falla tiene un costo humano antes que económico.
El transporte de gas natural forma parte de la columna vertebral energética nacional. Alimenta centrales eléctricas, procesos industriales, cadenas productivas completas y, en última instancia, la estabilidad económica de regiones enteras. Por ello, cuando se habla de “seguridad nacional” en materia energética, el concepto no debería entenderse como una etiqueta política, sino como una obligación técnica permanente.
Un sistema troncal de transporte de gas, bajo la responsabilidad operativa de Cenagas, no es una dependencia administrativa común. Es una infraestructura crítica cuya operación descansa en tres pilares fundamentales: integridad mecánica, monitoreo en tiempo real y experiencia operativa acumulada. Cuando cualquiera de estos elementos se debilita, el sistema no envía comunicados: envía señales físicas.
La integridad mecánica exige inspecciones internas periódicas, análisis de corrosión, verificación de soldaduras, mantenimiento preventivo y predictivo continuo. El monitoreo en tiempo real requiere un sistema SCADA moderno, auditado y actualizado, con algoritmos dinámicos de detección de fugas, sectorización efectiva y válvulas de cierre remoto plenamente operativas. La experiencia operativa demanda personal técnico capacitado, con formación específica en sistemas de alta presión y en gestión de emergencias industriales.
Nada de esto es opcional. Es estándar internacional.
En este contexto, las preguntas relevantes no son políticas, sino técnicas. ¿Se mantienen los programas de modernización tecnológica de manera ininterrumpida? ¿Se preserva la experiencia acumulada en la operación del sistema? ¿Los sistemas de detección de fugas operan bajo criterios dinámicos de balance de masa o únicamente con alarmas estáticas de presión? ¿La cultura de mantenimiento preventivo se fortalece o se diluye con los cambios administrativos?
La seguridad nacional, en infraestructura energética, no se construye con declaraciones. En el caso del sistema troncal administrado por Cenagas, se construye con presupuestos sostenidos, contratos técnicos bien supervisados, continuidad en los equipos especializados y disciplina operativa.
En sistemas críticos no existe margen para la improvisación. Las infraestructuras estratégicas no toleran curvas de aprendizaje prolongadas ni interrupciones en sus programas de actualización. Cada diferimiento tecnológico, cada mantenimiento pospuesto y cada debilitamiento en la supervisión técnica incrementan el riesgo acumulado.
México ha insistido en que la energía es un asunto de soberanía y seguridad nacional. Esa afirmación es válida. Pero la soberanía energética no se proclama: se programa, se calibra y se audita.
La lección no es alarmista. Es preventiva. Cuando la técnica se subordina a decisiones administrativas de corto plazo, el sistema termina recordándonos que la física no negocia.
En infraestructura energética estratégica, la responsabilidad no es ideológica: es técnica. Y la técnica exige continuidad, experiencia y actualización permanente.

RANCÉ 


