Una de las principales novedades de esta reforma es la limitación al aumento de las rentas. A partir de ahora, los arrendadores solo podrán incrementar el costo del alquiler hasta el porcentaje de inflación reportado por el Banco de México en el año anterior. Esta medida busca evitar los aumentos excesivos que han afectado a muchos inquilinos en la capital.
Con el objetivo de transparentar el mercado de alquileres y facilitar la aplicación de estas nuevas normas, se establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento. Este registro será de carácter obligatorio y estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. Los arrendadores tendrán un plazo de 90 días para registrar sus contratos.
La reforma también busca promover la construcción de vivienda asequible. Se ha agregado una figura de producción pública de vivienda para arrendamiento, lo que significa que el Gobierno de la Ciudad de México podrá construir viviendas y ofrecerlas en renta a precios accesibles para las personas con menores ingresos.
El Gobierno capitalino se compromete a impulsar políticas públicas que fomenten la producción de vivienda en arrendamiento asequible. Se buscará establecer esquemas y programas que faciliten el acceso a la vivienda para todos los ciudadanos.
Las reformas entrarán en vigor a partir de mañana, sin embargo, algunas disposiciones, como el registro digital de contratos, comenzarán a aplicarse en un plazo de 30 días. El jefe de Gobierno, Martí Batres, presentará públicamente el decreto este miércoles, destacando la importancia de esta medida para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible para todos los habitantes de la Ciudad de México.
