El gobierno mexicano revisará la decisión de Estados Unidos que someterá a mayor vigilancia los envíos de remesas desde la frontera sur, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que cualquier investigación sobre lavado de dinero deberá sustentarse en pruebas, sin afectar a familias que reciben recursos de manera legítima.

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Señaló que su administración no tiene objeción ante indagatorias cuando existan indicios claros de operaciones ilegales, pero advirtió que no debe confundirse el envío de dinero de migrantes a sus familias con esquemas de lavado de dinero vinculados con organizaciones criminales.

Sheinbaum recordó que México ya enfrentó situaciones similares cuando autoridades estadounidenses señalaron a dos bancos y una casa de bolsa por presuntas operaciones ilícitas sin aportar pruebas concluyentes, lo que motivó una postura de cautela del gobierno mexicano frente a decisiones adoptadas de manera unilateral.

La jefa del Ejecutivo explicó que en aquel momento se adoptaron medidas de protección para el sistema financiero nacional, aunque aclaró que en territorio mexicano no existen elementos que acrediten la comisión de delitos por parte de esas instituciones financieras.

Indicó que la cooperación entre ambos países en materia financiera y de inteligencia ha permitido compartir información en diversos casos donde sí existen indicios de lavado de dinero, lo que ha derivado en congelamiento de cuentas y acciones legales.

La presidenta afirmó que el combate a las operaciones financieras del crimen organizado es una prioridad de su administración, pero insistió en que las acciones deben sustentarse en evidencias y respetar los derechos de los usuarios del sistema financiero.

En opinión de Sheinbaum, la medida estadounidense plantea la revisión de transferencias que superen ciertos montos, por lo que reiteró que el gobierno mexicano seguirá atento a la evolución de esta política para evitar impactos negativos sobre los connacionales que envían dinero a sus familias.

El promedio de remesas que los migrantes mexicanos envían a sus hogares se ubica alrededor de 500 dólares mensuales, por lo que el gobierno federal busca evitar que mecanismos de control financiero terminen afectando a quienes dependen de estos recursos para sostener su economía familiar.

La presidenta subrayó que México continuará fortaleciendo las políticas para prevenir el lavado de dinero dentro de su sistema financiero, al tiempo que mantendrá la cooperación con autoridades estadounidenses para combatir las operaciones ilegales.