La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano pidió a Estados Unidos la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido por irregularidades migratorias, y señaló que la gestión corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que deberá informar sobre el avance del proceso y la situación jurídica del empresario, señalado en diversas denuncias fiscales.
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Explicó que la información fue comunicada en el Gabinete de Seguridad, donde se reportó que Álvarez Puga permanece bajo custodia, mientras el Estado mexicano sostiene la petición formal de extradición, hecho que refuerza la importancia de atender esquemas de facturación ilícita utilizados durante varios años para evadir impuestos mediante empresas fachada.
Declaró que, una vez asumido el despacho por Ernestina Godoy, la Fiscalía tendrá que responder sobre eventuales indagatorias en Estados Unidos y sobre los tiempos estimados del trámite, pues la cooperación judicial entre ambos países exige consistencia en las pruebas, claridad en las imputaciones y precisión en los delitos consignados dentro de los expedientes ministeriales.
Mencionó que el Ejecutivo mantiene interés en que estos procesos se concluyan con rigor, porque los casos de factureras representan daños significativos al erario y abrieron rutas de evasión fiscal mediante redes complejas de prestanombres, compañías ficticias y contratos que evadieron controles, lo cual motivó una serie de denuncias presentadas por autoridades hacendarias.
Sobre Raúl Beyruti Sánchez, señalado como “el rey de las factureras”, la mandataria sostuvo que la Fiscalía deberá revisar ese expediente con la misma atención, ya que el empresario obtuvo un amparo que frenó su captura aun cuando existía una orden de aprehensión vigente desde 2021.
Enfatizó que este tipo de casos requieren un enfoque integral que permita consolidar imputaciones, fortalecer la cooperación internacional y avanzar en la persecución de delitos de cuello blanco, pues las afectaciones a la hacienda pública demandan investigaciones sólidas, revisión de actos societarios, trazabilidad de operaciones y recuperación de información financiera estratégica.
Subrayó que cada proceso deberá evaluarse con independencia y rigor técnico, ya que el combate a las factureras constituye uno de los frentes centrales de la política fiscal, donde convergen denuncias acumuladas, solicitudes de asistencia internacional y análisis especializados que la Fiscalía deberá atender en la etapa de transición hacia un nuevo titular.
