FERNANDO FUENTES
Desde el pasado 24 de diciembre de 2019, se obliga anualmente a los investigadores y académicos del sector público, a presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses ante la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, bajo protesta de decir la verdad, norma que se aplicaba con anterioridad, sólo para los funcionarios públicos, comprendidos desde jefe de departamento, subdirectores, directores, coordinadores, directores generales, subsecretarios, secretarios de estado y hasta el presidente de la república, ello como parte al combate a la corrupción en México, situación que no es congruente.
Para el Dr. Jorge Alonso Sánchez, expresó en exclusiva que, “una cosa es que hagan una declaración simple, como los trabajadores de base; y otra que se haga una equiparación del nivel salarial para realizar una simulación: se les pone como si fueran jefes y manejaran recursos, más allá de su salario”
“Esto implica una situación que no resiste la transparencia, porque se les pone como jefes y no mandan a nadie ni manejan recursos como funcionarios. Un examen de los centros así, llevaría a que hay una gran cantidad de jefes que no ejercen esas funciones. Las funciones que ejercen son de investigadores como trabajadores de base”
La aplicación de la Situación Patrimonial, se aplicaba desde hace muchos años para los funcionarios públicos, y se aplicaba a partir de jefe de departamento hasta el presidente de la república, razón lógica porque dichos funcionarios podrían tener acceso a los recursos y bienes de la nación, no así los trabajadores de base que no ejercían dicha responsabilidad.
Aún así y con toda esta norma, no todos los funcionarios públicos, ni todas las áreas, tienen acceso al manejo y administración de los recursos públicos, quienes sí, son el presidente de la república, los secretarios de estado, subsecretarios, oficiales mayores y directores administrativos. En menor grado los directores generales, subdirectores y mucho menos un jefe de departamento. Los dineros en efectivo, no se ven en las oficinas, son presupuestos vistos en números, muchos de ellos etiquetados, autorizados por la SHCP y las Cámaras de Diputados y Senado de la República.
La mayor parte del presupuesto de las dependencias, se va en el salario de los trabajadores, aguinaldos, rentas de inmuebles, modernización de equipos, préstamos y pensiones. Lo poco que queda para compras, que es bastante, tendría que entrar a licitaciones, para encontrar economías, no necesariamente calidad, que por desgracia en este gobierno, dejó ese hueco abierto, la mayor parte que se hace, se hace en compras directas, sin licitar, entonces aquello del combate a la corrupción, quedará flaco para esta administración, ya lo veremos.
La discrepancia de aplicar esta norma a los investigadores y académicos, no se les debería aplicar, por la sencilla razón, porque no son funcionarios públicos, no administran recursos públicos, no hacen compras, solo hacen trabajo de investigación y academia. La corrupción viene de arriba, eso esta claro, porque ellos si administran y ejercen los recursos de este país.
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