POR PATRICIA RAMÍREZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que establece una restricción a los altos funcionarios para que se contraten con las empresas privadas a las que debían vigilar o regular, durante un plazo de diez años después de dejar sus cargos.
Por unanimidad, los ministros apoyaron el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que expuso que si bien esta prohibición tiene una finalidad legítima, como es evitar conflictos de interés y eliminar la posibilidad de que una empresa tenga ventajas indebidas al lograr acceso a la información privilegiada de los funcionarios, el plazo de prohibición de una década es excesivo.
Ello porque la Constitución establece medidas similares para otros cargos públicos, pero en ningún caso se rebasa la prohibición de tres años, y no se argumenta ninguna razón para que este plazo se aumente a diez años en el caso de altos funcionarios públicos.
Durante el debate del tema, el presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, consideró que se establece un plazo innecesariamente largo, además de que se dirige a un universo de personas que resulta desproporcionadamente amplio.
Además, no todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo que no se puede generalizar.