La nueva acusación por el delito de peculado y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada colocaron este jueves al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en un escenario judicial que vuelve a cerrar la posibilidad de que recupere su libertad en abril próximo, luego de que al término de la audiencia el juez de control fijó una nueva diligencia para definir si será vinculado a proceso, la cual se realizará el martes 17 de febrero, a las 10:00 horas.

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Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor dio por formulada la imputación presentada por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo federal destinado al apoyo de personas con discapacidad correspondiente al ejercicio de 2012, y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del exmandatario.

De acuerdo con la acusación de la autoridad federal, Duarte de Ochoa habría ordenado la mezcla de recursos federales y estatales para después dispersarlos en distintas cuentas bancarias con el propósito de dificultar su rastreo y desviarlos mediante un esquema conocido como “la licuadora”, el cual, según la fiscalía, se utilizó para el pago de sueldos, pensiones y proveedores.

La diligencia se prolongó por más de seis horas. Durante el desarrollo de la audiencia, Javier Duarte de Ochoa intervino en varias ocasiones y sostuvo ante el juez que el nuevo proceso penal abierto en su contra obedece a una determinación de carácter político, al afirmar: “La instrucción es que Javier Duarte de Ochoa no salga de la cárcel“. En respuesta, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor desestimó ese planteamiento y resolvió dictar la prisión preventiva justificada en su contra, además de conceder a la defensa la duplicidad del término constitucional para la definición de su situación jurídica.

El avance de esta causa se presenta en un contexto en el que el exmandatario también enfrenta un revés en su intento por obtener un beneficio de libertad anticipada. La jueza de control Ángela Zamorano Herrera resolvió que la solicitud de beneficio preliberacional presentada en diciembre de 2024 es infundada, al concluir que no se cumplieron los requisitos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

De acuerdo con la resolución, uno de los elementos que Javier Duarte de Ochoa no acreditó es el relativo a no contar con un proceso penal pendiente, conforme al artículo 141 de dicha ley, requisito que no se cumple debido a que continúa abierto un expediente vinculado con una acusación por desaparición forzada.

En ese procedimiento, la autoridad ministerial sostiene la acusación contra Javier Duarte de Ochoa por su probable intervención en la desaparición del elemento de la policía estatal David Lara Cruz, ocurrida en enero de 2016. Aunque en ese asunto no se dictó la vinculación a proceso, la fiscalía promovió la impugnación de la resolución, por lo que el caso permanece en revisión ante una instancia judicial.

La juzgadora precisó que, al tratarse de un delito que conlleva prisión preventiva oficiosa, no es posible concederle un beneficio de preliberación mientras no exista una determinación firme, y señaló que el sobreseimiento decretado en ese expediente todavía no causa estado, debido a que fue recurrido por el Ministerio Público.

Con esa determinación, Javier Duarte de Ochoa deberá continuar interno en el Reclusorio Norte hasta abril de 2026, fecha en la que concluye la pena de nueve años de prisión que le fue impuesta por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

A este escenario se añade el antecedente de las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación. En noviembre de 2016, su entonces auditor superior Juan Manuel Portal dio a conocer que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa se identificaron presuntas irregularidades por un monto aproximado de 35 mil millones de pesos, cantidad que en ese momento fue considerada como la más alta detectada en una entidad federativa desde el año 2000.