POR EDUARDO VIZCARRA.
En el expediente 669/2021, el Juzgado Octavo de Distrito concedió la suspensión temporal a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Fiscal General de la República, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad y de otras autoridades.
Fijó un plazo de 48 horas para que dichas autoridades rindan por duplicado informe previo, en donde deberán señalar con precisión el delito por el cual se libró la orden de aprehensión, si está considerado como grave y si amerita prisión preventiva oficiosa.
“Prevéngase a las autoridades responsables que de no atender lo ordenado, se les impondrá multa como corrección disciplinaria de 100 a 1,000 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, conforme a lo dispuesto por el numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo”, mencionó.
El Juzgado también fijó la audiencia incidental para las 13:00 horas del 7 de junio de 2021.
Al razonar su resolución, el titular del Juzgado dio la razón preliminarmente al gobernador de Tamaulipas, en el sentido de que se emitió una orden de aprehensión sin cumplirse el requisito de procedibilidad relativo al desafuero o retiro de inmunidad procesal.
“En efecto, el ahora promovente del amparo tiene la calidad jurídica y política de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas”, reconoció.
Resaltó que si bien la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por ser la facultada en términos del artículo 73 de la Carta Magna, hizo la declaración de procedencia para obtener el retiro de la inmunidad procesal al gobernador, el Congreso de Tamaulipas decidió no homologar el procedimiento y, por lo tanto, mantener la inmunidad procesal del mandatario y no ponerlo a disposición de las autoridades.
El juez federal de Tamaulipas dijo que con esta situación, “surge en apariencia un conflicto de normas que impiden, hasta este momento, considerar concluido el trámite del desafuero contra el gobernador que solicita el amparo y protección de la justicia federal”.
Por tal motivo, indicó que en el fondo del amparo de este incidente de suspensión, se deberá determinar si el procedimiento legislativo cumplió o no la legalidad para la privación de la inmunidad procesal como requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal contra el gobernador, “pues una vez superado dicho obstáculo Constitucional, podría jurídicamente y sólo hasta entonces, abordarse el análisis del diverso mandato de captura que también se reclama”.
