La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe transparentar la compra de camionetas con costo cercano a dos millones de pesos por unidad, luego de que se argumentara que la adquisición respondió a criterios de seguridad, pese al discurso de austeridad que acompañó su renovación.

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Sheinbaum señaló que el Ejecutivo federal no cuenta con información sobre amenazas específicas contra ministras o ministros que expliquen el nivel del gasto, y subrayó que la explicación corresponde de manera directa al propio Poder Judicial.

Explicó que, tras una consulta de la Secretaría de Gobernación, se informó que el órgano de administración de la Corte canceló un contrato de renta de vehículos y optó por la compra directa, lo que, según la nota entregada, generó un ahorro superior a mil millones de pesos respecto al esquema anterior.

No obstante, la mandataria reconoció que la decisión contrasta con el mensaje de cambio institucional y austeridad que se difundió con la entrada en funciones del nuevo Pleno, por lo que insistió en la necesidad de transparentar los criterios administrativos que sustentaron la adquisición.

La presidenta subrayó que la Corte cuenta con órganos internos responsables de su administración y que la transparencia sobre este tipo de adquisiciones resulta indispensable para mantener la confianza pública, sobre todo en un contexto en el que se promovió una renovación institucional del Poder Judicial tras el relevo de ministras y ministros.

El debate se amplió al desempeño jurisdiccional de la nueva Corte, que desde septiembre pasado resolvió miles de asuntos sin emitir fallos contrarios a reformas y decretos impulsados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ni de iniciativas promovidas por legisladores de Morena.

Ante señalamientos sobre una posible inclinación política, Sheinbaum defendió que las resoluciones se sustentaron en argumentos constitucionales y que, a diferencia del pasado, las discusiones del Pleno se desarrollaron de manera pública, lo que permitió observar directamente las posturas de ministras y ministros.

La presidenta recordó que la integración anterior de la Corte mantuvo una postura sistemáticamente contraria a las reformas del Ejecutivo, por lo que consideró que el contraste actual responde a interpretaciones jurídicas distintas y no a alineamientos políticos.

Sheinbaum sostuvo que el respeto a la división de poderes no exime al Poder Judicial de rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos, especialmente cuando decisiones de alto costo abren dudas sobre la coherencia entre el discurso de austeridad y las prácticas administrativas de la nueva Corte.