Tras cuatro años de alegatos judiciales, este jueves la Corte Suprema de Estados Unidos, de manera unánime, desechó la demanda presentada por México, por un monto de 10 mil millones de dólares, en contra de ocho grandes fabricantes de armas de fuego, a quienes responsabilizó de sumar, con su acción comercial, al clima de violencia generada por los cárteles del narcotráfico que operan en todo el territorio nacional.

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El cuerpo colegiado determinó que el alegato mexicano no comprueba ni plantea de manera verosímil que esas ocho armerías hayan apoyado a grupos de la delincuencia organizada o fomentado, de forma directa, el comercio ilegal de armas. El fallo, que parece definitivo y fue redactado por la jueza Elena Kagan, se fundamenta en una legislación que deslinda de responsabilidad, de forma global, a los fabricantes estadounidenses cuando las armas que producen son usadas en algún delito.

Antecedentes del caso

Cabe recordar que este litigio, cuyo nombre oficial es “Smith & Wesson Brands, Inc. vs. Estados Unidos Mexicanos”, fue presentado a mediados de 2021 y, en ese momento, fue desestimado por una corte judicial de primera instancia. Sin embargo, un tribunal de apelaciones con sede en Boston reactivó el caso el año pasado, amparado en una excepción prevista en la ley, que posibilita reanudar demandas en el caso de que se acuse a las armerías de violar la ley.

En ese sentido, el gobierno mexicano esgrimió un argumento que permitió reactivar el caso: que las prácticas negligentes de las armerías, como una distribución comercial poco regulada, así como la promoción pública de armas de alto poder, fueron factores determinantes para facilitar el contrabando hacia suelo mexicano; de esta manera, argumentó la parte demandante, se nutrió “la violencia y el sufrimiento en el país”. Entre las compañías demandadas sobresalía, justamente, Smith & Wesson, fundada en Springfield, Massachusetts, en 1852.

Fallo unánime de la Corte Suprema

En un dictamen unánime (9-0), los juzgadores estadounidenses sepultaron la determinación de un tribunal inferior que dio cauce para que continuara la demanda contra Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms. Cabe aclarar que el tribunal de primera instancia sí consideró posible el argumento de México.

La demanda incluía otra acusación contra esas empresas, pues las señalaba de diseñar y comercializar ilegalmente sus armas como si fueran de grado militar, con el fin de incrementar la demanda entre los cárteles, incluso vinculando su armamento con los usos y prácticas del ejército (US Army) y las fuerzas de seguridad de la Unión Americana. Ante ello, las armerías respondieron que la fabricación y venta de sus productos es perfectamente legal.

Cifras del tráfico de armas

Por su parte, México ha sostenido que la gran mayoría de los homicidios en suelo nacional se cometen con armamento traficado desde Estados Unidos y ese contrabando se calcula en más de 250 millones de dólares cada año.

El pasado 4 de marzo, y como parte de la reactivación del alegato, en audiencia ante la Suprema Corte de EU, México presentó “en un hecho sin precedentes, un tema fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestros dos países: la necesidad de poner fin al tráfico ilícito de armas de Estados Unidos hacia México”.

Así lo informó en ese momento, en Washington D.C., Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a nombre del canciller Juan Ramón de la Fuente.

El funcionario recordó que México interpuso esta demanda en 2021 contra los fabricantes de armas, “para detener la violencia que se deriva de este tráfico ilícito que, a su vez, da a las organizaciones criminales el poder de fuego para seguir operando, lo cual, también resulta perjudicial a la población de EU”.

México, dijo Arrocha, cuenta con leyes estrictas en la materia, “sólo hay un vendedor de armas en todo el país. Sin embargo, las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares mexicanos, o bien, armas semiautomáticas de gran calibre, como los AR-15, que no pueden ser adquiridos legalmente por civiles en México”.

Posición del gobierno mexicano

Al respecto de esta anulación de la demanda de México contra armerías de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró este jueves, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que esperará el desarrollo legal de los hechos, pues, en realidad, se trata de dos juicios, dos demandas interpuestas, no sólo una. “Vamos a ver cuál es el resultado y lo informaremos”.