En México existe hoy una situación inédita. Una reforma constitucional que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y por casi todos los Congresos estatales, pero que aún no es ley.
Se trata de la reforma conocida como salarios dignos. Modifica el artículo 123 de la Constitución, que regula los derechos laborales. Incluye dos reglas centrales.
La primera establece que los aumentos al salario mínimo no estén por debajo de la inflación. La segunda establece un piso salarial para ciertos servidores públicos.
Ese piso aplica para maestros de educación básica, médicos, enfermeras, policías, guardias nacionales y elementos de las Fuerzas Armadas.
Su ingreso mensual no podría ser menor al salario promedio registrado ante el IMSS. Con los datos más recientes ese promedio ronda los 19 mil pesos mensuales.
UNA REFORMA YA APROBADA
El proceso legislativo de esta reforma siguió el procedimiento constitucional. La Cámara de Diputados aprobó el cambio en septiembre de 2024 con mayoría calificada. Después pasó a la siguiente cámara.
El Senado la aprobó en octubre del mismo año por unanimidad. Posteriormente la reforma fue enviada a los Congresos estatales. Para modificar la Constitución se requiere el respaldo de al menos 17 legislaturas locales.
El requisito se cumplió y por mucho. Fueron 31 Congresos estatales los que aprobaron la reforma antes de terminar el 2024.
En ese punto el procedimiento sólo requiere un paso simple. El Congreso debe contar los votos estatales y emitir la declaratoria de constitucionalidad. Después la reforma se manda al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación a fin de que entre en vigor.
EL BLOQUEO
Ese último paso no ha ocurrido. El Senado todavía no emite la declaratoria de constitucionalidad, requisito necesario para ser una realidad.
El retraso supera ya más de un año desde que los Congresos estatales terminaron de aprobarla. Con Morena, hay reformas constitucionales recientes donde el procedimiento final suele tardar horas o días. Como la reforma judicial o la reforma de 40 horas.
Por esa razón PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han exigido públicamente que el Senado realice el cómputo y emita la declaratoria correspondiente. Tanto Fernández Noroña, expresidente, y Laura Itzel Castillo, actual presidenta, han sido omisos.
EL FACTOR DINERO
Sheinbaum lo abordó hace unos días en su conferencia matutina. “Es un tema de recursos”, dijo al hablar sobre su impacto en las finanzas públicas. También mencionó que la implementación podría realizarse de manera gradual.
Esa idea equivale a un golpe directo contra la Constitución. Porque la reforma de salarios dignos no incluye un mecanismo de aplicación gradual. Para cumplir con lo que ella propone se requeriría otra reforma constitucional.
Pero primero la reforma tendría que publicarse. Mientras ese paso no ocurra, permanece en el limbo.
Y el bloqueo ocurre en un momento sensible para las fuerzas federales. Tras el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, para neutralizar a Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, ocurrieron numerosas bajas de elementos de seguridad.
La reforma sobre salarios dignos incluye precisamente a guardias nacionales y miembros de las Fuerzas Armadas dentro del grupo beneficiado por el nuevo piso salarial. Mientras el Senado no haga el trámite final, los aumentos prometidos seguirán sin aplicarse.
EL DATO INCÓMODO
Ricardo Monreal negó que los diputados se subirían el sueldo en este año. El Diario Oficial dice otra cosa: la dieta mensual pasó de 75,609 de 2024 a 79,846 pesos en 2026. Son 4,237 pesos más. Al año, cada diputado recibirá 1.3 millones de pesos entre sueldos, aguinaldo, apoyos fiscales y hasta un seguro de vida institucional.
