Una comisión de integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed) acudió a una sesión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a una sesión externa de la Comisión de Derechos Humanos para exponer los riesgos de la reforma al poder Judicial que se discute en el Senado de la República.

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La jueza Abigaíl Ocampo Álvarez, directora nacional de Atención a Juzgados Especializados de Jufed y el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, señalaron que la independencia judicial en México está en riesgo con esta propuesta gubernamental.

“Esta Reforma al Poder Judicial de México, propuesta por el presidente de México y avalada por una mayoría parlamentaria tiene múltiples afectaciones y violaciones a sus derechos humanos de corte regresivo”, señaló Ocampo Álvarez.

Desde Ginebra, Suiza, enlistó los efectos nocivos de esta propuesta, como un golpe director a la independencia judicial, pues con la elección popular de jueces puede incrementar el riesgo de los candidatos a personas juzgadoras a que busquen complacer a quienes los proponen, a sus patrocinadores de campaña y, entre ellos, al crimen organizado.

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Además, dijo, desde 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencias de prensa y en redes sociales, realiza ataques mediáticos, denostaciones, intimidaciones directas e insinuación de ilicitud de las resoluciones emitidas por las personas juzgadores, lo cual se traduce en tratos humillantes.

Agregó que esta reforma propone cesar a más de mil 600 juzgadores federales, por lo que estos perderían cualquier oportunidad de crecimiento dentro del poder Judicial, así como su desarrollo como profesionistas, pues la propia reforma no permite el ejercicio de la abogacía hasta pasados dos años.

Asimismo, las familias de los juzgadores son víctimas colaterales, por lo ataques mediáticos y la pérdida de sus fuentes de trabajo.

A esto se suma, que la iniciativa atenta contra el derecho a la jubilación, pues se desconocen los años trabajados por las personas juzgadoras y no reconoce el derecho a una jubilación, pues solo se propone una indemnización mínima.

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En tanto, el jurista Diego Valadés, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que hay el bajo número de jueces por habitantes, lo que tiene un impacto negativo en la eficiencia y el acceso a la justicia.

Reconoció que es evidente que se requiere una profunda reforma judicial, pero el proyecto presentado al Congreso de la Unión no la resuelve, y, por el contrario, pone en riesgo la independencia del poder Judicial.