Los Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral permitirán revisar una vez más las reglas que rigen no solamente la elección de autoridades, sino algunos de los efectos nocivos que se perciben en el sistema político constitucional entre los cuales me parecen de una enorme relevancia las diferencias crecientes entre las autoridades electorales —tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)— y las Cámaras del Congreso de la Unión. Estos enfrentamientos, a los que ya he aludido en anteriores colaboraciones, son altamente preocupantes porque inciden en un área particularmente sensible del equilibrio constitucional: el principio fundamental del constitucionalismo occidental, que es la División de Poderes.

El cumplimiento de este principio debe garantizar que las autoridades electorales no intenten legislar en sustitución de los congresos. El método adoptado por tales autoridades administrativas y jurisdiccionales, de crear disposiciones que no están previstas en ley alguna, aplicado supuestamente para cumplimentar principios o intenciones constitucionales, ha generado múltiples problemas que están abriendo una riesgosa brecha en el orden constitucional establecido en el artículo 49 que reza: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.”