Tuve la oportunidad de ser docente del Sistema Nacional de Seguridad Pública por espacio de 10 años. Entre las materias que impartía estaba una sobre Prevención e Investigación en Materia de Delincuencia Organizada.

Los alumnos eran policías de diferentes áreas y funciones de seguridad pública de todo el país; estimo que pasaron por ese curso más de 2 mil funcionarios.

La noticia del descubrimiento, por parte del Departamento del Tesoro de los EU, del resort Kovay Gardens, ubicado en la Riviera Nayarit, desarrollado y controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), me trajo un recuerdo por allá del año 2010, en Puerto Vallarta, Jalisco: en el contexto del curso dado sobre delincuencia organizada, un alumno, policía estatal, en camino a mi hotel me preguntó: maestro, usted como experto en estos temas, ¿tiene idea de los resorts, hoteles, propiedades y negocios que tienen los grupos delictivos que hay en este puerto? En ese momento mi reflexión y mi contestación tuvieron que ser muy puntuales y concretas; debía ser muy cauteloso, puesto que desconocía con quién estaba hablando y mucho menos pretendía migrar del estatus académico a blanco criminal.

Estamos hablando del año 2010, bajo el mandato de Felipe Calderón, un presidente al que “no le tembló la mano” en la persecución criminal y cuyos resultados, sumados a otros graves factores como corrupción, ineficiencia y hasta falta de sentido común, nos llevaron a los niveles de violencia e impunidad actuales. Pasaron dos mandatarios más con sus estrategias fallidas de contención criminal, y a un año de iniciado el presente gobierno, estas noticias “innovadoras” sobre descubrimientos de inversiones legales criminales nos llevan a los siguientes cuestionamientos: ¿de qué tamaño deben ser las inversiones criminales en México? ¿Cuánto producto interno bruto representan? ¿Qué cantidad de criminales se han sumado a la delincuencia dorada, conformada por el poder económico, político y social? Es decir, ¿cuántos empresarios(as) lavados y limpios dispuestos a invertir tenemos en México? Y de ellos, ¿quiénes son los políticos involucrados y desde cuándo?

Si de un plumazo tuviéramos la oportunidad de extraer todas esas inversiones ilícitas, ¿se pondría en riesgo la estabilidad económica del país? ¿Y la social?
Muchas de estas preguntas tienen respuestas basadas en estimaciones por cuantificar sobre productos, inversiones y recursos ilegales incautados y cuya cifra negra debe ser inestimable.

Hoy, que escribo esta columna, justo después de dictar una conferencia en la Universidad de las Ciencias Policiales y Seguridad Pública del Estado de Puebla sobre retos en materia de seguridad, específicamente en el abordaje integral del fenómeno criminal organizado, retomo al autor Moises Naím, quien en su libro titulado Ilícito ya señalaba desde esa misma época, hace poco más de 15 años, que lo que ha impulsado a la delincuencia organizada no es la baja moral sino las altas ganancias; que esta criminalidad es un fenómeno político que tiene que ver más con transacciones comerciales que con productos; que sus mercados no serán funcionales si no se vinculan con los negocios legales, lo que conlleva a deducir que las empresas criminales es cosa de todos, no sólo de los gobiernos.

Las afirmaciones del autor preocupan aún más ante un México tomado y maniatado, rodeado de escándalos políticos vinculados con delincuencia organizada, frente a una sociedad dividida y desintegrada, con instituciones rotas, funcionarios de seguridad cansados y desgastados por sus precarias condiciones.

Al final, continuamos negando un México crítico, con décadas de gobiernos indiferentes o plenamente coludidos frente al crecimiento de las fortunas criminales que las han hecho propias, producto de la toma de un país extorsionado.