Cuando un gobierno pone sobre la mesa una reforma constitucional con el discurso de “fortalecer la soberanía”, es necesario leer la letra pequeña. En política, lo que se oculta es más importante que lo que se anuncia.
Eso es lo que pasa con la reforma de Claudia Sheinbaum para supuestamente blindar a México contra injerencias extranjeras. Se ha hablado mucho de su rechazo a intervenciones y de la defensa del territorio nacional. Pero hay un tema del que nadie en Morena quiere hablar.
La reforma propuesta por Sheinbaum modifica el artículo 19 y añade dos párrafos al artículo 40 de la Constitución. La justificación oficial: México debe rechazar cualquier injerencia extranjera en su política, su territorio o su seguridad.
Pero el cambio al artículo 19 es el que levanta sospechas. Se agrega el delito de terrorismo a la lista de crímenes con prisión preventiva oficiosa. Un cambio que podría parecer irrelevante, si no fuera porque ocurre justo después de que Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Si Sheinbaum y Morena están tan comprometidos con la soberanía, ¿por qué han evitado hablar de este punto?
FAVOR A TRUMP
El 19 de febrero, la administración de Donald Trump clasificó a los principales cárteles mexicanos como grupos terroristas. Con esta designación, EEUU tiene una justificación legal para perseguir a estas organizaciones con sanciones más severas, operativos transnacionales y, en el escenario más extremo, intervenciones militares.
La reacción del gobierno mexicano fue inmediata: rechazo total. Sheinbaum declaró que México no permitiría ninguna acción unilateral de EEUU en su territorio. Sin embargo, una semana después, envió al Congreso una reforma que endurece el tratamiento del terrorismo en el país.
Es decir: el gobierno mexicano se opone a la narrativa de Trump, pero al mismo tiempo toma medidas alineadas a su agenda.
¿TERRORISMO?
En teoría, endurecer penas contra el terrorismo suena bien. Pero el problema es cómo se define el terrorismo en México.
El Código Penal Federal ya contempla este delito, pero con una definición vaga y ambigua. En otros países, esta falta de claridad ha permitido que gobiernos autoritarios utilicen el término “terrorismo” para criminalizar opositores políticos, movimientos sociales o incluso periodistas incómodos.
Si el gobierno de Sheinbaum insiste en incluir el terrorismo en la prisión preventiva oficiosa, ¿quién garantiza que no afectará ciudadanos comunes?
La prisión preventiva oficiosa ha sido duramente criticada por organismos internacionales por violar el principio de presunción de inocencia. Es un mecanismo que se presta al abuso y a la persecución política.
SOBERANOS A MEDIAS
El gobierno vende esta reforma como una defensa de la soberanía. Pero, en el fondo, es una maniobra que encubre un cambio profundo en la estrategia de seguridad.
Si realmente se tratara solo de proteger a México de intervenciones extranjeras, ¿por qué incluir el terrorismo en prisión preventiva oficiosa?
Si Sheinbaum y Morena están tan seguros de que este cambio es necesario, ¿por qué no lo han defendido públicamente con el mismo entusiasmo con el que rechazan la designación de los cárteles como terroristas?
Porque saben que es una decisión incómoda. Porque entienden que, aunque en el discurso se oponen a Trump, en los hechos están siguiendo su línea.
Lo que está claro es que cuando el gobierno evita explicar una reforma, es porque algo quiere esconder. Y en este caso, lo que está en juego es el uso del término “terrorismo” como una nueva herramienta política.
