AIDA RAMÍREZ

Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro

Ante la creciente popularidad de las motocicletas como medio de transporte en la capital del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno capitalino debe informar qué integrantes de la policía tienen autorización para hacer detenciones e infraccionar a las personas que conducen motocicletas.

Así lo instruyó el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), al señalar que, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que el número de motocicletas pasó de 136 mil en 2010 a más de 352 mil en 2019; un incremento del 157% en una década; pero se calcula que en la Ciudad de México, en la actualidad, hay más de 600 mil unidades que forman parte del parque vehicular.

Pero además, esto va acompañado por un aumento en los accidentes, pues, aunque representan el 15% de los vehículos, las motocicletas están relacionadas con el 33% de las muertes por accidentes viales; mientras, el 80% de estos percances ocurren en zonas urbanas, y la CDMX es una de las entidades con mayor incidencia.

Ello se desprende de la cuadragésima quinta sesión ordinaria del Pleno, donde ordenó a la dependencia capitalina modificar la respuesta para que emita una nueva en un plazo no mayor a 10 días hábiles, en la que proporcione a una persona información relativa a las distintas normativas que regulan la circulación de motocicletas.

Al exponer el recurso de revisión, presentado en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la comisionada María del Carmen Nava Polina explicó que la persona solicitante buscó saber, entre otras cosas, qué integrantes de la policía tienen autorización para hacer detenciones e infraccionar a las personas que conducen motocicletas.

También la posición de estos vehículos en la pirámide de movilidad, y por qué no se sanciona al personal policiaco que hace uso indebido de sus atribuciones.

En su respuesta, la SSC entregó parte de la información, pero la persona no estuvo conforme y presentó un recurso de revisión ante este órgano garante en el que manifestó como agravio que la respuesta no correspondía con lo solicitado.

Nava Polina refirió que, al hacer el análisis, su ponencia encontró que, en efecto, resultaban ambiguas e imprecisas las respuestas de la dependencia y que los requerimientos no se abordaron de manera integral.

Por ejemplo -dijo-, no se especificó cuál es el cuerpo policial autorizado para detener la circulación de personas a bordo de motocicletas e infraccionarles, y la respuesta sobre la jerarquización de estos vehículos en la pirámide de movilidad no corresponde con lo solicitado.

Por otro lado, observó que se identificó un error en el procedimiento, pues se orienta a la persona a presentar una nueva solicitud ante una unidad administrativa de la misma Secretaría; “este procedimiento es incorrecto, ya que de origen la Unidad de Transparencia debió haber turnado la solicitud a todas las áreas competentes”, añadió.

Sobre la falta de sanciones al personal que realiza detenciones sin contar con las atribuciones, Nava Polina destacó que la Secretaría facilitó datos de contacto de la Unidad de Asuntos Internos para presentar quejas o denuncias. Esto, a pesar de que la pregunta requiere un pronunciamiento específico, lo cual excede el alcance de una solicitud de información.

Por ello, se indicó que la queja es parcialmente fundada, ya que la respuesta de la SSC careció de exhaustividad y congruencia.

La relevancia del recurso, precisó la comisionada del INFO CDMX, es derivada de la creciente popularidad de las motocicletas como medio de transporte en la capital del país.
Pero también, señaló, hay que tener presente que el abuso policiaco representa un desafío importante que impacta de forma negativa en la confianza y seguridad.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2023, la Policía de Tránsito es percibida como la autoridad más corrupta de la capital por ocho de cada diez personas.