CHILPANCINGO, GUERRERO, 10DICIEMBRE2023.- En un segundo día de actividades, estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, junto con estudiantes de las escuelas normales que integran la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), realizaron un mitin político al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, para recriminar la participación de policías ministeriales en los hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2011 en la autopista del Sol. Recordaron que en esa fecha, sus compañeros Jorge Alexis Herrera Pino, originario de Atoyac, y Gabriel Echeverría de Jesús, oriundo de Tixtla, perdieron la vida por las balas provenientes de policías ministeriales, quienes luego de los hechos, fueron los mismos agentes de la FGE quienes intentaron sembrar un rifle AK-47 (cuerno de chivo) a uno de los estudiantes, para así intentar culpar a los jóvenes del supuesto “enfrentamiento” en el punto conocido como el Parador del Marques, al sur de Chilpancingo. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM PILAR MANSILLA
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Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusara al Centro Agustín Pro de defender a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como a los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes, el Centro Agustín Pro lamentó “las falsedades y descalificaciones, especialmente graves proviniendo del titular del Ejecutivo”.
Al advertir que continuará la organización haciendo denuncias a la violación de los derechos humanos, así como el acompañamiento a las víctimas y dando propuestas, indicó que “lamentamos las descalificaciones genéricas e injustas a nuestro trabajo, de más de 35 años en la defensa de los derechos humanos en México. Sin duda obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército”.
El Centro Proh, aclaró también que no ha interpuesto recurso legal en contra de la designación de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, sin embargo, aclaró que “sí hemos señalado y lo seguiremos haciendo, el procedimiento no fue el adecuado”.
🚨Sobre las falsedades y descalificaciones del Presidente de la República contra el @CentroProdh en la #ConferenciaMañanera 👇 pic.twitter.com/VnvOFMIjV8
— Centro Prodh (@CentroProdh) December 14, 2023
Reiteró también que su trabajo es apartidista y se basa en estándares internacionales de derechos humanos, por lo que, afirmó, “el Centro Prodh cuenta con el pleno respaldo para esta labor de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
Antes, el organismo había escrito en sus redes sociales un mensaje al jefe del Ejecutivo quien presentó el registro nacional de desaparecidos al advertir que “son personas, no registros y que las deficiencias que hay en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no es responsabilidad de los familiares, sino de las autoridades, “que desde la aprobación de la Ley General en 2017 tienen el deber de llenarlo con diligencia”.
En el mensaje que publicó a través de sus redes sociales, señaló que “esfuerzos como el de la revisión del registro deberían orientarse al funcionamiento de herramientas para revertir la falta de identificación de cuerpos y restos como el Banco Nacional de Datos Forenses”.
Al advertir que la retórica del gobierno, en la que atribuye las denuncias sobre la crisis de desapariciones por motivaciones políticas, indicó que “no contribuye a presumir que la revisión del registro sea de buena fe”, ya que minimiza, consideró “la gravedad de la crisis”.
Celebró en el mensaje que el gobierno federal haya decidido hacer una revisión de los datos, sin embargo, el hecho de que se haya acotado el registro de desaparecidos en 12 mil 377 personas, “puede minimizar una crisis mucho mayor, ya que se está empleando un criterio muy alto para dar por aprobada una desaparición, sin considerar desprotección de quien denuncia, así como un subregistro”.
Por ello, señaló que las crisis de las desapariciones continúan. “No es una herencia del pasado, es una herida permanente”, ya que las 79 mil 955 personas en las categorías “ubicadas”, “sin datos suficientes para identificar” y “sin indicios para la búsqueda”, el Estado debe mantener los trabajos para encontrar a las personas y no dejarle la responsabilidad a los familiares de las víctimas.
