Diputados federales advirtieron que es urgente armonizar la legislación en materia de delitos sexuales y acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes en el país, a fin de garantizar que los agresores sean sancionados, así como la imprescriptibilidad de esos delitos en todo el país.

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La diputada Kenia López Rabadán consideró que es muy preocupante que existan diversas normas, dependiendo la entidad federativa, pese a que muchos niños, niñas y adolescentes no denuncian en el momento y un violador, abusador y un acosador no deja de serlo porque pasa el tiempo, y una víctima no deja de serlo porque pasa el tiempo.

A su vez, Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), dijo que es la oportunidad para colocar a niñas, niños y adolescentes en el centro de la política pública y de la política legislativa.

Consideró que se debe establecer una agenda común nacional para regular temas que tienen resistencia social, darles condiciones de dignidad, posibilidades del ejercicio pleno de sus derechos y liberarlos de la violencia, añadió.

Asimismo, consideró que la armonización es fundamental, porque un mismo delito puede ser sancionado de formas distintas según la entidad federativa, por lo que urge generar políticas de Estado que protejan a niños y adolescentes, pero de forma particular a las niñas, ya que persiste el matrimonio infantil; legislar, atendiendo las realidades y considerando las violencias digitales y el reclutamiento por parte de la delincuencia, además de impulsar una cruzada cultural para dejar de normalizar la violencia y empujar la crianza positiva.

En representación de la Fiscalía General de la República, Paula Gándara Autrique dijo que si bien hay avances normativos a nivel federal, en la práctica nos enfrentamos a un problema de dispersión y fragmentación normativa.

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Mencionó que existen 32 códigos penales estatales sustantivos, uno federal y uno de justicia civil, por lo que hay 34 códigos en el país. Esto impide y dificulta la persecución de los delitos, razón por la cual se requiere armonizar los diversos códigos penales que existen, ya que en algunas entidades hay penas de menos de un año o multas de 50 días, lo que dificulta su adecuada persecución y sanción.