Patricia Ramírez / Ovaciones
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La Cámara de Diputados se apresta para desahogar la próxima semana las reformas a la Ley de Amparo y Ley de Amnistía, recién aprobadas por el Senado de la República, pese a las advertencias de especialistas de que serán tumbadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque son claramente inconstitucionales.

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La Barra Mexicana de Abogados advirtió que limitar las facultades de las personas juzgadoras para conceder suspensiones contra leyes con efectos generales atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos.

A su vez, los diputados federales de oposición advirtieron que votarán en contra de estas dos reformas e irán a la Corte para impugnarlas si son aprobadas.

Este jueves ambas minutas fueron recibidas en la Cámara de Diputados y de inmediato fueron turnadas a comisiones, entre ellas la Comisión de Justicias, presidida por el PAN, para su análisis y dictaminación.

Sin embargo, a este periodo ordinario de sesiones sólo le quedan una semana efectiva de trabajo, por lo que la discusión será intensa y se prevé que pueda ser obstaculizada la aprobación por los panistas en las comisiones que presiden, como la de Justicia.

Efectos devastadores

Al respecto, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, dio a conocer que la reforma a la ley de Amparo, aprobada por Morena y sus aliados en el Senado, constituye un atentado contra la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución.

Añadió que la reforma aprobada vendría a dar marcha atrás a muchos avances sustantivos para la protección de los derechos humanos que han construido desde la reforma en materia de derechos humanos de 2011, e incluso antes, con lo que volveríamos a la etapa superada en la que se priorizaban los formalismos legales por encima de una verdadera protección de los derechos.

“Sus consecuencias podrían llegar a ser terribles, ya que, cuando el Legislativo o el Ejecutivo emitan una norma general que viole derechos humanos de carácter colectivo, el juez de amparo no podrá suspender sus efectos de manera general, lo que implicará que muchas personas se vean vulneradas en sus derechos, al menos hasta en tanto se resuelve el juicio mediante una sentencia, lo cual puede tardar mucho tiempo”, indicó. Puso como ejemplo si una persona interpone un amparo por la destrucción del medio ambiente ya no se respetaría un derecho colectivo.

En un caso así, al no aplicar la medida cautelar de la suspensión del acto, el tiempo transcurrido entre la emisión de la ley y la sentencia de amparo, permitiría al gobierno contaminar ríos, talar bosques o destruir la selva, hasta en tanto recaiga la sentencia, la cual ya no habría evitado un ecocidio.

Sobre la Ley de Amnistía, el senador panista Damián Zepeda señaló que en México debemos empoderar al ciudadano no al gobernante y esta ley permite al presidente perdonar a quien sea: narcotraficantes, violadores, secuestradores. “El poder absoluto genera corrupción absoluta”, sentenció.

El analista Luis Carlos Ugalde precisó que con la aprobación de estas reformas empezó ya la ejecución del Plan C de López Obrador que consiste en eliminar al poder Judicial como la última ventanilla para controlar el abuso del poder del gobierno.

¿Que plantean las reformas?

La mayoría en el Senado aprobó agregar un artículo a la Ley de Amnistía, con lo que se faculta al titular del poder Ejecutivo federal, es decir el presidente, para otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin seguir el procedimiento establecido y para cualquier persona y delito.

La amnistía se concedería a personas procesadas, sentenciadas o contra las que se haya ejercido acción penal, siempre que aporten elementos comprobables útiles para conocer la verdad de los hechos en casos relevantes para el Estado mexicano.

Por lo que toca a la Ley de Amparo, protege las obras y leyes emitidas por el gobierno federal, para evitar que puedan ser frenadas por jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Plantea que en ningún caso las suspensiones dictadas fijarán efectos generales cuando se resuelva la inconstitucionalidad de normas generales.

Esto implica que los jueces no podrán detener obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones a la Constitución, hasta que se declare su inconstitucionalidad.