Los candidatos a jueces, ministros y magistrados no harían campaña en mítines o actos en territorio, sino que sus perfiles serán presentados a través de los medios de comunicación, para que los ciudadanos puedan conocer la idoneidad y trayectoria de los aspirantes a integrarse a las filas del poder Judicial, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo.

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Al participar en la segunda sesión de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial, señaló que lo que sí se tiene que regular son las redes sociales, para evitar que incidan en el proceso electoral.

“La regulación de las campañas, ese es un asunto importantísimo; radio, televisión, dice la iniciativa del presidente, desde luego; no territorio, no campañas ordinarias, es inconcebible, impensable eso. Tiene que presentarse y difundirse el perfil de indoneidad de los prospectos y de ahí informar lo suficiente para que cualquier persona con algún medio moderno pueda participar y decir sí o no”, precisó.

Agregó que el calendario de las elecciones de los jueces, de los ministros y de los juzgadores también tiene que ser analizado con cuidado, para determinar si conviene que vayan empatados con una elección partidaria y todo lo que eso significa o en el año previo a las elecciones.

En este contexto, el abogado de la Universidad de Guadalajara, Juan Alberto Ruvalcaba González, exhortó a los próximos legisladores a no desmantelar el Poder Judicial de la Federación, pues la asignación de magistradas y magistrados, de juezas y jueces debe sostenerse en la carrera judicial, en concurso de oposición y en la acreditación de exámenes de alta complejidad.

Los jueces, dijo, no deben hacer campañas. “No imagino a un candidato juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben estar de manera más humana, sensible y empática dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este país reclama”, apuntó.

Añadió que la elección popular provocaría la intervención indirecta de los partidos políticos y no sería una auténtica elección popular. “No queremos un poder Judicial que se deba a cuotas de partido”, consideró.