Foto: Cuartoscuro Al considerar que hubo irregularidades en la designación de los nuevos integrantes del Poder Judicial, el senador Marko Antonio Cortés Mendoza llamó a los partidos de oposición y a los candidatos independientes que participaron en el proceso a impugnar la elección, ya sea por interés jurídico directo o bajo el concepto de interés tuitivo, en defensa del orden constitucional.
“No se puede validar un proceso viciado de origen, que representa un riesgo grave para la democracia y para la independencia del Poder Judicial en México”, advirtió el legislador.
Al señalar que la impugnación debe hacerse antes del 19 de junio, indicó que desde la reforma constitucional que dio origen al proceso se incurrió en violaciones graves, incluyendo la corrupción de cuatro senadores de oposición para alcanzar una mayoría que no se obtuvo en las urnas.
Denunció que el procedimiento estuvo manipulado desde el inicio, con mecanismos como la tómbola, el uso de acordeones y el acarreo organizado desde el gobierno, además de un marcado desinterés ciudadano reflejado en una participación inferior al 10 por ciento.
Cortés Mendoza afirmó que la elección de jueces y magistrados fue controlada por estructuras clientelares, sin reglas claras ni garantías de imparcialidad, y advirtió sobre el involucramiento de personajes vinculados al crimen organizado.
Dijo que este tipo de prácticas pone en riesgo el Estado de Derecho y puede tener consecuencias directas sobre los acuerdos internacionales firmados por México, como el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo Global con la Unión Europea.
“La justicia es el pilar de una democracia sana y representativa, pero lo que vimos en este proceso fue opacidad, vacíos legales y una maniobra precipitada por parte de Morena, sin legitimidad ni transparencia”.
El legislador panista lamentó que las designaciones no se hayan realizado con base en méritos ni trayectoria, sino en negociaciones políticas realizadas a puerta cerrada, lo que, indicó, debilita la calidad del sistema judicial y profundiza la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.
Por ello, insistió en que el proceso debe ser impugnado a más tardar el jueves 19 de junio, en tiempo y forma, para revertir lo que calificó como una imposición legal y electoral que le arrebató la legitimidad a la justicia.
