El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, denunció penalmente a su antecesor, Víctor Hugo Romo, y al exdirector jurídico de la demarcación, Gustavo García Arias, al acusarlos de haber permitido la demolición irregular del inmueble de Moliere 88 y de dejar sin castigo al desarrollador pese a conocer, desde 2019, que la obra no contaba con los permisos obligatorios.

LEE ADEMÁS: Despojo de inmuebles en la CDMX: estos fueron los resultados de los operativos

La querella fue presentada ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos por los presuntos delitos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones y en caso de que se comprueben los actos, resaltó que el Código Penal de la Ciudad de México establece penas de cinco a 20 años de prisión por ejercicio abusivo de funciones, castigo que puede incrementarse hasta en dos terceras partes si se comprueban los actos de corrupción denunciados.

Según la administración actual, la Comisión para la Reconstrucción advirtió desde octubre de 2019 a la alcaldía que el predio, incorporado al programa de reconstrucción por el sismo de 2017, no podía ser demolido sin una licencia especial, un programa de demolición, póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y programa interno de protección civil.

Pese a esa notificación, la administración encabezada entonces por Víctor Hugo Romo y Gustavo García no exigió ninguno de esos requisitos. De acuerdo con la denuncia, en los expedientes de la alcaldía no existe constancia de que el desarrollador hubiera tramitado o entregado la documentación necesaria antes de derribar el inmueble.

Por lo anterior, la administración a cargo de Tabe Echartea sostiene además que ambos exfuncionarios simularon actuar y que, aunque en 2020 se giró una orden para verificar la obra, la inspección se realizó cuando el edificio ya había sido demolido y el procedimiento administrativo fue dejado correr hasta caducar. Con ello, el desarrollador evitó ser sancionado.

La alcaldía señaló que Víctor Hugo Romo conocía que el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción únicamente otorgaba beneficios fiscales a los propietarios de inmuebles dañados por el sismo, pero no eliminaba la obligación de obtener licencias, permisos y autorizaciones previstas en el Reglamento de Construcciones.

Tabe Echartea, afirmó que esa omisión permitió que se llevaran a cabo trabajos ilegales en el predio y que la autoridad de entonces dejara sin consecuencias la demolición, como es el caso de la construcción levantada posteriormente en Moliere 88, la cual ya fue clausurada por el gobierno actual de Miguel Hidalgo por incumplir la normatividad.