Al presentar su postura en la sesión extraordinaria convocada para abordar la interpretación del asilo diplomático, México sostuvo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que el asilo político representa una de las garantías más consolidadas del continente y confirmó que su práctica histórica permanece firme.

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La representante de México ante el organismo internacional, Luz Elena Baños, recalcó que la revisión o reinterpretación de la Convención de Caracas no procede en un foro cuya composición no coincide con los Estados parte del tratado, lo que invalidaría cualquier intento de dictar ajustes sobre normas plenamente vigentes.

Baños insistió en que el derecho de los tratados impide modificar un instrumento internacional sin presencia y consentimiento de todos los Estados signatarios, por lo que debates parciales erosionan la arquitectura jurídica y dejan en indefensión a quienes requieren protección.

México advirtió que el impulso para abrir la discusión nació tras el otorgamiento del asilo y la solicitud del salvoconducto, lo que confirma que la convocatoria responde a una controversia puntual y no a un diagnóstico regional que justifique la revisión de un tratado.

La delegación explicó que la aplicación del derecho internacional no puede depender de circunstancias adversas para un Estado y favorables para otro, ya que ese criterio rompería la certeza jurídica que permite a la región resolver tensiones sin desmantelar reglas de larga data.

Baños sostuvo que la dignidad humana exige evitar evaluaciones políticas sobre personas asiladas, y alertó que someter esa protección a consideraciones externas contradice el espíritu humanitario de la Convención y desdibuja su sentido de resguardo inmediato.

La exposición recordó que la doctrina interamericana reconoce que el asilo político nunca implica una afrenta diplomática, pues su alcance involucra una responsabilidad colectiva frente a derechos fundamentales, como quedó asentado en resoluciones de Naciones Unidas.

México puntualizó que la entrega del salvoconducto continúa sin cumplimiento y que esta obligación constituye pieza central del marco jurídico vigente, cuya omisión abre riesgos que pueden traducirse en transgresiones a la integridad y seguridad de la persona protegida.

El posicionamiento incluyó una defensa firme de la inviolabilidad de los recintos diplomáticos, pues argumenta que permitir incumplimientos selectivos normaliza quiebras del orden internacional que comprometen la seguridad regional y la estabilidad de las misiones acreditadas.

La representación enfatizó que la OEA es un foro político que debe someter sus decisiones a la legalidad internacional, por lo que no puede asumir una facultad revisora que la Convención de Caracas no le confiere, ni responder a presiones externas que buscan alterar su sentido.

Baños concluyó con un llamado a sostener el diálogo sobre bases jurídicas inamovibles y a defender el estado de derecho internacional frente a cuestionamientos que pretenden debilitarlo, pues la historia valorará tanto las decisiones como los motivos que impulsaron cada acción.