Foto: Cortesía La breve visita a México de Rosa María Payá Acevedo generó repercusiones diplomáticas al tensar la relación entre el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La controversia derivó en el envío de una nota diplomática y en la invocación del Estatuto del organismo, lo que evidencia la relevancia jurídica e institucional del caso dentro del sistema interamericano de derechos humanos.
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La Cancillería mexicana argumentó que, conforme al artículo 12 del Estatuto de la CIDH, las y los comisionados gozan de inmunidades diplomáticas, pero deben informar sobre visitas y actividades en el Estado anfitrión. Este señalamiento busca sustentar la postura oficial en normas previamente aceptadas, reforzando el principio de legalidad y de respeto a prácticas diplomáticas.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la relación con la CIDH fue adversa, marcada por críticas a organismos internacionales de derechos humanos. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, México continúa siendo parte activa del sistema interamericano, lo que implica aceptar peticiones, mecanismos de supervisión y posibles observaciones externas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) protestó formalmente por la falta de notificación previa sobre la visita de Payá Acevedo, citando también el artículo 4 del Estatuto, que establece la incompatibilidad del cargo de comisionado con actividades que afecten su independencia o imparcialidad. La referencia normativa busca justificar la inconformidad ante su participación en actos públicos.
Según información difundida, la comisionada participó en un foro organizado por la Universidad de la Libertad, fundada por Ricardo Salinas Pliego, donde emitió opiniones sobre la situación política en Cuba. Este hecho fue interpretado por el gobierno mexicano como posible activismo político, más que como una función estrictamente vinculada a la revisión de quejas en materia de derechos humanos.
La presidenta Sheinbaum sostuvo que, si la visita era en representación de la CIDH, debía limitarse a funciones técnicas y no a la promoción de causas políticas, reafirmando el principio de no intervención que guía la política exterior mexicana. Esta postura fue respaldada por el subsecretario Roberto Velasco Álvarez, quien defendió la legitimidad democrática del gobierno frente a críticas externas.
COMUNICADO. "La SRE rechaza notificación previa sobre la visita de la comisionada de la CIDH, Rosa María Payá a México".https://t.co/R5GOBneSFj pic.twitter.com/J2AsBBG8lf
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 12, 2026
La controversia escaló tras declaraciones del congresista republicano Carlos A. Giménez, difundidas en la red social X, lo que amplió el conflicto al plano bilateral con Estados Unidos. La Embajada de México en Estados Unidos respondió subrayando el respeto al Estado de Derecho y la relevancia de México como socio comercial.
Payá Acevedo fue electa comisionada de la CIDH en junio de 2025, tras una candidatura promovida por el presidente estadounidense Donald Trump, con respaldo del secretario de Estado Marco Rubio, lo que añade un componente geopolítico al episodio.
En conjunto, el caso se inserta en un contexto de tensiones diplomáticas vinculadas a la relación con Cuba, medidas arancelarias anunciadas por Washington y el debate sobre los límites entre la autonomía de los organismos internacionales y la soberanía estatal. La ausencia de un posicionamiento público de la CIDH mantiene abierta la controversia y refuerza la dimensión política e institucional del conflicto.
