El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que la militarización de un país como respuesta a la inseguridad puede parecer una medida rápida y efectiva ante los altos niveles de delincuencia que vive México, pero en realidad tiende a generar más inseguridad y violencia, porque por un lado desaparece a las policías civiles preventivas, de proximidad e investigadoras y por el otro, provoca el uso excesivo de la fuerza letal y las consecuentes violaciones de derechos humanos, además de la desconfianza y descrédito de la población hacia las fuerzas armadas.

Sin embargo, aseguró que el PAN tiene toda la disposición de ayudar a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, a que las y los mexicanos recuperen la paz y seguridad, por lo que confió en que tenga la apertura y voluntad para revisar, construir y corregir su estrategia.

Precisó que la violencia en el país se ha incrementado sustancialmente en los últimos 18 años por el uso del ejército en tareas de seguridad y por ello los legisladores PAN, PRD, MC y Morena presentaron en su momento ante la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior.
“En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se exponenció el uso de las fuerzas militares, al grado que desaparecieron la policía federal civil. Mintieron y violentaron la Constitución al hacer militar la Guardia Nacional, que debería haber sido civil, pero optaron por la completa militarización”, señaló.
Indicó que organismos como Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, entre otras, han rechazado de manera categórica la militarización de la seguridad pública porque generará violaciones de derechos humanos y perpetuará la impunidad, además de ir en contra de los tratados internacionales de los que México es parte.

“En México vivimos el peor momento de violencia e inseguridad, el gobierno saliente deja un saldo de más de 200 mil personas asesinadas, y niveles récord en extorsiones, desapariciones, y el aumento del crimen organizado en todo el país”, lamentó.

Asimismo, el líder de Acción Nacional pide que no utilicen nuevamente la ilegítima aplanadora legislativa en un tema que duele a los mexicanos y se construya una nueva estrategia de seguridad pública.
Como la transición de la Guardia Nacional a un modelo policial civil, un proceso ordenado y fiscalizado por instancias nacionales e internacionales, con procesos reforzados de certificación, enfatizó el dirigente nacional.
Cortés Mendoza aseguró que con base en su plataforma electoral registrada ante el INE, para enfrentar los retos de la creciente inseguridad y violencia, como acciones concretas para la prevención del delito, reconstrucción del tejido social, programas y campañas de civismo para crear en la sociedad respeto a la autoridad y a la ley.
Asimismo, preparar, orientar, ocupar laboral, deportiva, cultural y recreativamente a nuestros jóvenes, evitando que caigan en las drogas y en la delincuencia.

También, garantizar la reacción inmediata de policías civiles de proximidad, policías preventivos y de investigación; regresar y aumentar los recursos a las policías municipales y estatales; mayor uso de la tecnología para la vigilancia e inteligencia policial, análisis de datos y reconocimiento facial, colaboración entre estados, para resolver casos de manera más eficiente; y desarrollar y utilizar sistemas de evaluación y control ciudadana.
En este sentido, subrayó que se deben estableces estímulos a la honestidad y medidas estrictas para combatir la corrupción policial y aumentar la confianza en las fuerzas de seguridad. Dignificar el trabajo policial, con un salario base de al menos tres veces el salario mínimo; y garantizar fiscalías autónomas, transparentes, interconectadas y coordinadas y que sí rindan cuentas.

Otra propuesta es garantizar el uso responsable de las fuerzas armadas, limitando el uso de la fuerza y su temporalidad para garantizar que se ajusten a estándares internacionales de derechos humanos y minimizar su aplicación a situaciones concretas y de estricta necesidad; una política de Estado que se enfoque en la prevención y combate del homicidio, combate al secuestro, extorsión, ciberdelito, robo en transporte público y casa habitación.

De igual manera, que se tipifique el delito de narcoterrorismo de grupos criminales con investigación especializada en la que se puedan aplicar los instrumentos de asistencia y cooperación internacional y, finalmente, fortalecer la cooperación internacional y fronteriza en la lucha contra el crimen transnacional, el tráfico de drogas y tráfico de armas.