El ministro Alberto Pérez Dayán, que ha votado a favor de admitir las consultas sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial y ha criticado abiertamente las modificaciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión, será el encargado de elaborar el proyecto para determinar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede invalidar una reforma constitucional que ya concluyó su proceso legislativo.

LEE ADEMÁS: Se reúne presidenta Sheinbaum con dirigente de la cúpula empresarial

El proyecto de sentencia, al que además se le dará trámite expedito, pues será presentado la próxima semana en la segunda sala, definirá si la Corte se pronunciará sobre la posibilidad de que la reforma constitucional en materia del poder Judicial puede declararse inválida, lo que implicaría un choque frontal con el Ejecutivo y el Legislativo.

Luego de que 8 de los 11 ministros aprobaron aceptar a trámite las consultas presentadas, por jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, ahora el pleno deberá a entrar a analizar el fondo del asunto, por lo que el sentido del proyecto que presente será definitorio para el futuro de esta reforma.

Y es que, si determina que se violaron los procesos legislativos o bien se establece que hay una violación grave a la independencia del Poder Judicial, podría emitir una suspensión del proceso electoral que está en marcha e implicaría, en teoría, que se tendría que frenar el proceso de elección de la mitad de los cargos en el poder Judicial.

En ese caso, el balón quedaría en la cancha del Legislativo y el Ejecutivo, donde las declaraciones han escalado de nivel e implicaría desatender la instrucción de la Corte e incluso medidas adicionales contra los ministros, entrando en una grave crisis constitucional.

Ministro polémico

El ministro Pérez Dayán, quien se incorporó a la Corte en 2012, a propuesta del expresidente Felipe Calderón, ha estado en el ojo del huracán e incluso diputados de Morena de la pasada Legislatura presentaron una solicitud de juicio político en su contra.

La polémica se desató cuando este ministro, tras una votación empatada en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), utilizó su voto de calidad para declarar la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.

Paradójicamente esta misma propuesta, ahora desde el orden constitucional, será aprobada por la Cámara de Diputados este miércoles, como parte del Plan C del expresidente.

Además, el ministro también elaboró el proyecto para invalidar la primera parte de la Reforma Electoral, por violaciones graves al proceso legislativo, con lo que quedaron sin efectos las modificaciones a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas promulgadas el 27 de diciembre de 2023.