PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con modificaciones el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva sin sentencia firme.

El presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales, Temístocles Villanueva Ramos, explicó que garantizar el voto de personas en prisión preventiva es un paso que este Congreso debe poder cumplir de forma pronta y definitiva”.

Consideró imperante que la capital del país dé pasos importantes bajo los principios constitucionales de derechos humanos y no discriminación, a fin de salvaguardar los
derechos político-electorales de este sector poblacional.

De esta manera, se estableció que las personas que se encuentren sujetas a prisión preventiva sin sentencia firme tendrán derecho a emitir su voto en las elecciones para la
Jefatura de Gobierno, las diputaciones del Congreso local y las alcaldías.

Para ello, explicó el congresista, “se deben impulsar los convenios de colaboración necesarios entre las autoridades electorales, autoridades penitenciarias y todas aquellas
involucradas en el proceso a fin de garantizar el voto sin restricciones”.

Además, se determinó que sea el Instituto Electoral de la Ciudad de México la instancia que incluya en su presupuesto anual una partida para hacer efectivo el derecho al voto

de las personas en prisión preventiva sin sentencia firme. Asimismo, derivado del análisis que realice el Instituto, el Congreso de la Ciudad de México designará los recursos necesarios en el ejercicio fiscal 2024.

De igual manera, para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva sin sentencia firme, el Consejo General conformará una Comisión Provisional encargada de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto, la cual deberá instalarse el año anterior en que se verifique la jornada electoral.

En el dictamen se incluyeron los procesos para establecer mecanismos de empadronamiento o registro de electores en prisión preventiva.