Diputados locales de Morena acusaron a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de emprender una venganza política contra comerciantes de la zona de San Cosme, luego de que éstos denunciaran presuntas presiones para acudir a la marcha del 15N. La acusación se sustenta en la coincidencia temporal entre las denuncias públicas y el posterior operativo de desalojo, lo que, según los legisladores, evidencia un posible uso político de la autoridad.

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El vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García, calificó la llegada nocturna de la alcaldesa como un acto de provocación, argumentando que el despliegue buscaba generar contenido en redes sociales más que resolver una situación administrativa. Esta interpretación apunta a una posible estrategia mediática con fines políticos.

La diputada Diana Sánchez Barrios informó que los comerciantes presentaron 12 denuncias por lesiones derivadas del zafarrancho, lo que da sustento legal a las acusaciones y desplaza el conflicto al ámbito judicial. Asimismo, rechazó tener responsabilidad en los hechos y negó vínculos formales con la organización mencionada en el oficio enviado por la alcaldía, enfatizando la necesidad de claridad institucional.

En conferencia de prensa, los legisladores señalaron que funcionarios de la alcaldía retiraron a 25 comerciantes sin previo aviso y realizaron el decomiso de mercancía, presuntamente sin registrar el valor real de los bienes incautados. Recordaron que estos vendedores habían sido reubicados previamente desde la Glorieta de Insurgentes y el túnel de Génova, bajo un acuerdo que contemplaba su instalación en San Cosme, lo que refuerza el argumento de incumplimiento administrativo.

Por su parte, Paulo García sostuvo que las lesiones mostradas por la alcaldesa pudieron haber sido ocasionadas por su propio personal, citando videos donde se observa que colaboradores la jalonean. Esta afirmación busca desacreditar la narrativa oficial y subrayar posibles contradicciones en la versión de los hechos.

En otro tema, la diputada federal migrante Roselia Suárez Montes de Oca expuso el trabajo de una diputación migrante en apoyo a la comunidad mexicana en Estados Unidos y Canadá, y criticó al legislador panista Raúl Torres. Señaló que solicitar intervención extranjera constituye una falta de respeto a los paisanos y un atentado contra la soberanía nacional, defendiendo que la representación debe recaer en perfiles con legitimidad comunitaria.

En conjunto, el texto justifica las acusaciones a partir de denuncias formales, señalamientos de abuso de autoridad, presuntas irregularidades en operativos administrativos y un debate paralelo sobre representación migrante y soberanía, elementos que enmarcan el conflicto en dimensiones tanto políticas como institucionales.