CIUDAD DE MÉXICO, 13SEPTIEMBRE2022.- Juan Ramiro Robledo, diputado Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y las secretarías de dicha comisión: Karla María Rabelo, y Susana Prieto Terrazas, encabezaron la reunión ordinaria en la que se discute la iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario del PRI la cual modifica el artículo quinto transitorio de la Constitución que plantea aumentar de 5 a 9 años el periodo en el que el ejército coadyuve con la Guardia Nacional en la seguridad pública.
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Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados negocian en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la iniciativa de reforma constitucional para acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para alcanzar un consenso y llevarlo mañana miércoles al pleno.
Ante el retraso en los acuerdos, incluso por diferencias al interior de las mismas bancadas, la Comisión de Puntos Constitucionales, que estaba citada a las 9:30 horas, inició con retraso para de inmediato declararse en receso, para esperar a que los coordinadores lleguen a algún acuerdo, para poder sesionar y votar este dictamen de reforma constitucional.
Uno de los temas que más polémica ha causado es el de las acciones afirmativas, que ha generado desacuerdo entre legisladores de Morena, pues dejar este tema al arbitrio de los partidos sería un retroceso.
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El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, explicó que se analizan varias reservas para aclarar algunos temas, como cambiar los criterios para que se adopten sentencias en el tribunal, otra para agregar las acciones afirmativas en el artículo 41 y para modificar los plazos del inicio del proceso electoral federal, a fin de que puedan entrar en vigor las nuevas normas.
Explicó, que se analiza que para la elección federal iniciará en septiembre y el resto de las elecciones locales de 2024 sería en noviembre y en ese plazo se establecería lo que se consideran expresiones de actores políticos en temas electorales.
La diputada Salma Lúevano, una de las diputadas trans en la Cámara de Diputados, advirtió que con esta iniciativa lo que se busca es que el único aliado de las comunidades en vulnerabilidad ya no pueda emitir sentencias a favor de estos grupos, con lo que se atenta contra la inclusión de grupos minoritarios.
Ramírez Robledo advirtió que actualmente el Congreso de la Unión no tiene atribuciones para establecer mínimos básicos en estas acciones afirmativas y no le corresponde al Tribunal hacer leyes y consideró que los activistas que se oponen al dictamen no tienen una interpretación correcta.
